Sevilla

Los forenses confirman que el hermano del presidente de Contsa se quitó la vida

  • La víctima se precipitó el 7 de febrero por una ventana a un patio de luces de su domicilio, en el centro de la ciudad

Rafael Salas, hermano del presidente del grupo Contsa, cuya declaración de suspensión de pagos afecta a 1.200 inversores, falleció el pasado 7 de febrero por un suicidio, según el informe forense entregado en el juzgado.

La conclusión a la que han llegado los expertos del Instituto Anatómico Forense se basa en los resultados de la autopsia y en el informe del Grupo de Homicidios de la Policía que inspeccionó el lugar del suceso, una casa del centro de Sevilla, e interrogó a los testigos. El cuerpo de Rafael Salas, que fue encontrado por la empleada de hogar, presentaba un traumatismo torácico y en las extremidades, así como una rotura de la arteria aorta ascendente que fue consecuencia del traumatismo torácico, según los forenses.

El fallecido, de 42 años, colaboraba con su hermano, José Salas Burzón, en la inmobiliaria sevillana Contsa, dedicada a la compra y venta de viviendas, y falleció unos días antes de que la empresa solicitara la suspensión de pagos, que afecta a 1.200 inversores, en el juzgado de lo Mercantil.

Aunque inicialmente se pensó que había muerto de un infarto, la investigación posterior atribuyó el fallecimiento a las lesiones sufridas al caer desde una ventana a un patio de luces.

El herido fue trasladado por el servicio de emergencias 061 al hospital Virgen Macarena, donde falleció cuando los médicos se disponían a intervenirle por la rotura de la aorta. El forense autorizó la incineración del cadáver una vez aclarada la causa de la muerte, añadieron las fuentes.

Su hermano, José Salas Burzón, compareció en el juzgado como portavoz de la familia y dio cuenta de que el fallecido sufría depresiones como consecuencia de la difícil situación por la que estaba atravesando la empresa.

El juzgado de lo Mercantil de Sevilla ha declarado el concurso necesario de Contsa, que fue solicitado por un inversor que reclama casi un millón de euros, en concepto de intereses y del capital que en su día depositó. La juez ha designado como administradores concursales a un abogado y un economista, mientras que el tercero será elegido por uno de los acreedores de la sociedad.

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