El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, aseguró ayer, en relación con la orden de alejamiento dictada por el juez de Menores de Sevilla a un alumno que agredió a su profesor, que el juez "debe proteger a la víctima, que es el profesor".

El portavoz del máximo órgano de gobierno de los jueces recordó "la importancia de conocer todas las circunstancias que han rodeado este caso" e insistió en la labor del juez de proteger a todas las víctimas.

Según Enrique López, la orden de alejamiento impuesta por el juez de menores no se trata de un caso que se produzca "de forma aislada", por lo que ha destacado la importancia de que sea conocido por los magistrados.

El portavoz del CGPJ valoró la decisión del juzgado de Menores tras firmar en Madrid con el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, un convenio de colaboración para impulsar medidas que contribuyan a construir una cultura de respeto a los derechos humanos.

Esteban Ibarra también se refirió a la agresión al profesor de Latín del I.E.S. La Paz de Sevilla, al que mostró su solidaridad, además de estimar que la medida judicial es "sensata" y "ajustada a derecho". "Nos llegan muchas informaciones de este tipo de conductas; están más extendidas de lo que parece", aseveró Ibarra, que opina que es bueno que "salga la justicia dando un mensaje pedagógico de que esto no se va a permitir".

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, suscribieron ayer un acuerdo de cooperación para prevenir el racismo, la xenofobia y la violencia en las aulas que, entre otros aspectos, contempla la celebración de juicios simulados en centros educativos. Los simulacros se harán con la participación de estudiantes, profesores y padres de familia. "Un juicio es como una obra de teatro, donde se representa el pasado para decidir el futuro. Entonces será una recreación", afirmó Enrique López. Para ello, el Poder Judicial se compromete a elaborar los tres primeros guiones para llevar a cabo estas simulaciones con temas de racismo, sexismo y violencia juvenil.

Por su parte, Esteban Ibarra indicó que la ONG llega a entre 1.000 y 1.500 centros, lo que significa que entre 70 y 100.000 jóvenes y adolescentes serán parte de este proyecto.

El convenio pretende además organizar cursos, mesas redondas, encuentros, conferencias y otros actos para contribuir a la mejora de la capacitación de los miembros de la carrera judicial.

La firma del acuerdo coincide con la decisión del juzgado de Menores de Sevilla de imponer la orden de alejamiento a un alumno por los delitos de amenazas y atentado contra un profesor, y también se produce cuando se ha conocido la brutal agresión a una adolescente de 15 años por sus compañeros en un centro educativo del municipio vizcaíno de Ermua, en el País Vasco.

"A nuestro juicio, y fuera del contexto electoral porque ya lo he dicho hace cuatro años, se debe retornar a las edades que tenía la antigua ley del menor, que eran los 12 años, sobre todo para casos muy graves y extremos", afirmó el presidente del Movimiento contra la Intolerancia.