José Joaquín Gallardo, decano del colegio de abogados de Sevilla

"Las querellas de los que salen en la tele y los juicios de vecinas los pagaremos todos"

  • El decano crítica que el ministro de Justicia haya impuesto la ley de tasas sin consultar a nadie, como si fuera "un bando municipal", con la finalidad de "quedar bien con el área económica del Gobierno".

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Lleva 17 años al frente del decanato del colegio y ha ganado cuatro elecciones consecutivas. Recibe a este periódico en su despacho, en un momento en el que la Abogacía está revuelta por la ley de tasas.

-¿Por qué es tan mala esta ley?

-Porque dificulta enormemente y en muchas ocasiones impide el acceso de millones de españoles a los juzgados y tribunales. Una ley que limita tan esencialmente el derecho de todos a acceder a la Justicia ha de ser calificada al menos como nefasta para el Estado de Derecho. Esta ley es un torpedo a la línea de flotación del propio Estado de Derecho, es un atentado gravísimo.

-¿Van a cerrar muchos despachos?

-La ley de tasas puede disminuir en más de un 30% o 40% el número de litigios. Eso parece claro y es lamentable, porque hay que partir de la premisa de que nadie litiga por gusto, salvo personas enfermizas y que son muy conocidas en los juzgados españoles. El número de litigios va a disminuir, pero estoy convencido de que esto no va a provocar un cierre masivo o significativo de despachos, porque los problemas sociales van a seguir subsistiendo. Vamos a tener que aconsejar a nuestros clientes que resuelvan los conflictos en términos relativamente aceptables pero muy distantes de lo que correspondería en derecho.

-La ley dice en su preámbulo que mejorará la financiación del sistema judicial y la Justicia gratuita...

-La ley tiene una finalidad recaudatoria manifiesta y clarísima. Es inaudito que cuando los sucesivos gobiernos de la Democracia han olvidado a la Justicia en clave presupuestaria, ahora pretendan utilizar este servicio público como una oficina recaudatoria. La ley reducirá la actividad de los juzgados pero por la vía absolutamente inadmisible de impedir el acceso a esos juzgados a los ciudadanos con menos recursos, a la clase media. Es como si en los hospitales se impusiera un peaje para acceder a los quirófanos; en los quirófanos se reduciría la actividad y los cirujanos dirían que resultan perjudicados porque hay menos intervenciones, pero lo tremendo es que en la puerta se quedarán muchos ciudadanos.

-¿Y qué se puede hacer entonces?

-El Gobierno de España tiene que rectificar, está moralmente obligado a rectificar ante la situación que ha creado con esta ley, elaborada por el procedimiento sumarísimo parlamentario, sin oír a nadie y pretendiendo aplicar el rodillo a una cuestión como la Justicia, que es una cuestión de Estado y no de gobernabilidad. El ministro no puede confundir una ley de esta entidad y naturaleza con un bando municipal, porque la Justicia es una cuestión de Estado.

-¿El camino puede ser la insumisión que proponen algunos?

-El camino es en el que está la abogacía española. Hemos logrado que todos los operadores jurídicos y asociaciones de jueces y secretarios coincidan en que hay que intentar que el Gobierno entienda que no se puede legislar en materia de Justicia a golpe de mayoría absoluta. Eso es un disparate, una barbaridad, chirría y nos indigna a todos porque perjudica de manera muy grave los ciudadanos y a la propia configuración del Estado. Lo que se puede hacer es pedir que la defensora del Pueblo y a otros grupos parlamentarios que interpongan un recurso de inconstitucionalidad. El camino pasa por concienciar a la sociedad española, movilizar a los ciudadanos y a los consumidores, sindicatos y fuerzas políticas para que le hagamos ver al Gobierno de España que tiene que rectificar, que es absolutamente imprescindible para recuperar la credibilidad ante la ciudadanía.

-Los trabajadores que pleiteen también se verán perjudicados...

-La jurisdicción Social es por definición gratuita y el trabajador actualmente tiene que esperar, al menos en Sevilla, hasta el año 2015 en un tema de invalidez, incapacidad o reclamación de cantidad. Resulta vergonzoso y vergonzante que se grave a los trabajadores, rompe todos los cánones de la elegancia social y política. No lo logro entender. Y sin embargo, la jurisdicción Penal queda exenta, incluidas las querellas multimillonarias o las catalanas. ¿No sería mejor gravar este tipo de querellas y no a los trabajadores? Las querellas de los que salen en la tele las vamos a seguir pagando todos y también los juicios de faltas de las dos vecinas que se pelean. El ministro ha querido quedar bien con el área económica del Gobierno por la vía de lo parlamentariamente sumarísimo y del rodillo, y ha procurado abrir una ventanilla recaudatoria que se carga el Estado de Derecho. Es absolutamente inasumible para un país desarrollado y que pretenda seguir llamándose Estado de Derecho.

-¿Y cómo van a explicar ahora a sus clientes que tienen que pagar honorarios y además unas tasas?

-Si no logramos que el PP rectifique esta ley, a un año vista nos encontraremos con que muchísimos ciudadanos se habrán visto privados de acceder a la Justicia. Hay pleitos que pueden afectar a personas de escasos recursos que se ven involucradas en casos como, por ejemplo, una negligencia médica o un accidente de circulación, donde si se produce un grave resultado, las cuantías son muy elevadas y el pleito puede costarle una auténtica fortuna a esas personas. Esto es absolutamente injusto.

-¿Pero parece que van a surgir otros negocios?

-He leído que se pretenden instalar en España empresas de fondos de inversión de pleitos, de tal manera que cuando tienes un litigio y no puedes atender a las tasas, los juristas valoran y si entienden que el pleito puede ser un negocio, lo financian y luego se llevan el 30%, 40% o 60% de la cuantía obtenida. Esto es tremendo. Creo que esta ley se debe rectificar y si no le va a pasar una factura muy cara al Gobierno de España, porque esta ley ha sido la gota que ha colmado el vaso de todos los operadores jurídicos.

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