El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, se reunió ayer por la mañana con las dos profesoras y la becaria de investigación que sufrieron abusos sexuales por parte del catedrático de Educación Física Santiago Romero. El encuentro se ha producido cinco días después de que se conociera la sentencia del juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla, que condena al profesor a más de siete años de prisión por tres delitos de abusos sexuales continuados y un delito de daños psicológicos.

En el encuentro, que se desarrolló en un ambiente "cordial", según apuntó ayer uno de los abogados de las víctimas, el máximo responsable de la Hispalense le expresó su apoyo a las profesoras y reiteró sus disculpas.

Hasta el momento, únicamente el actual consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, atendió a estas tres mujeres durante su etapa como rector de la Universidad de Sevilla. Fue Ramírez de Arellano quien estableció las primeras medidas cautelares para evitar el contacto entre las profesoras y el catedrático, según fuentes cercanas al ex rector. Éste accedió al cargo en 2012, un año después de que la Universidad elevara a la Fiscalía el caso.

Según critican las víctimas, el rector anterior, Joaquín Luque, nunca se reunió con ellas, a pesar de que los hechos denunciados comenzaron en 2006 y en 2011, siendo Luque aún máximo dirigente de la sede académica, se abrió un expediente al catedrático.

Hasta ayer, Castro tampoco había visto a las víctimas. Esta semana el actual rector, que ha cumplido un año en el cargo, alegó que nunca se había reunido con ellas porque "no le habían pedido una cita".

La Universidad no quiso confirmar ayer la reunión de Castro con las profesoras siguiendo una política de silencio por parte de la institución académica acordada previamente con las víctimas. "Serán las profesoras las que informen de la reunión si lo desean, no la Universidad", indicaron desde la Hispalense.

La Junta de Personal Docente e Investigador (PDI) y el Comité de Empresa del PDI Laboral de la Hispalense, por otro lado, exigieron ayer de forma conjunta responsabilidades ante la "muy deficiente" actuación de la sede académica en el caso de abuso sexual.

Los órganos sindicales de representación de la plantilla pidieron a través de un comunicado que la Universidad abra una investigación interna y reclamaron la dimisión del actual decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Juan Manuel de Pablos Pons, y del director del departamento de Educación Física y Deporte por no ofrecer el apoyo necesario a las víctimas e, incluso, "promover la defensa" del catedrático. "Lamentamos el encubrimiento, el silencio y el apoyo que el abusador ha estado recibiendo durante años de algún PDI de su facultad, cuando se era conscientes de sus prácticas despóticas y abusivas", añadieron.

Según los profesores, "no se tomó ninguna medida hasta que se convocaron dos concentraciones y se hicieron públicos varios comunicados sindicales exigiendo medidas cautelares para evitar que continuaran los abusos en nuestra Universidad". Además, "cuando se tomaron medidas cautelares no fueron las adecuadas, ya que no se suspendió al abusador de empleo y sueldo, como se exigió reiteradamente desde las denunciantes y los sindicatos, sino que se trasladó a las valientes compañeras, víctimas de los abusos, a otras universidades".

La junta de personal y el comité de empresa aseguró ayer que a Santiago Romero se le concedió "un año sabático y se dividió el departamento de Educación Física y Deporte, donde se produjeron los abusos, en dos subdepartamentos (A y B), de manera que el abusador siguió manteniendo su posición de poder y campando a sus anchas por nuestra universidad", lamentaron. Y, "aunque se separaron el horario de clases de la compañera víctima que siguió trabajando en nuestra Universidad y el del acosador, en turno de mañana y tarde, esto no impedía, como sucedió en ocasiones, que pudieran encontrarse por los espacios comunes de la facultad".

Esta versión difiere de la que ofreció Castro esta semana. El rector negó que Romero se beneficiara de un año sabático y defendió que se aprobaron estancias en otras universidades para alejar a las víctimas de su agresor.