La reforma de la Administración local abre la vía para privatizar Mercasevilla, la sociedad pública mixta participada en un 51,24% por el Ayuntamiento de Sevilla y en un 48% por Mercasa. El informe del anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración local que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros incluye la supresión de los "monopolios municipales del pasado", en alusión a los mercados y lonjas, según la información facilitada por el Gobierno sobre el borrador de la futura ley.

Fuentes del PP andaluz consultadas por este periódico coincidieron ayer en que esta posibilidad se contempla entre las medidas que se plantean para racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local, que contempla el redimensionamiento del sector público local -no se podrán crear nuevos entes, tendrán que sanear o disolver los existentes y se suprimen los que dependen a su vez de otras entidades- y la limitación de la iniciativa económica local. En este punto, el Gobierno ha informado de que se limitará el uso de autorizaciones administrativas para iniciar una actividad y se suprimirán los monopolios municipales de mercados y lonjas.

Un reciente informe de la Comisión Nacional de la Competencia, publicado en enero pasado, recomendó precisamente al Gobierno la supresión de los mercados centrales de abasto de la lista de actividades reservadas a los municipios. Esta reserva aparece, en concreto, en el artículo 86.3 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, que deja en manos de las entidades locales las siguientes actividades o servicios esenciales: abastecimiento y depuración de aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos; suministro de calefacción; mataderos, mercados y lonjas centrales; transporte público de viajeros.

El informe de la Comisión Nacional de la Competencia considera que en el contexto actual esa reserva de actividades relacionadas con los mercados centrales "carece de justificación" y lo argumentaba ante la evidencia de la aparición de canales, "al menos parcialmente alternativos" a los mercados centrales, que no están reservados al sector público y que "no comprometen otros objetivos públicos como la garantía del suministro, la seguridad, la trazabilidad o la calidad alimentaria". Para la Comisión Nacional de la Competencia no tiene mucho sentido esta reserva de actividad, dado que "han ido proliferando canales alternativos a los mercados mayoristas en destino" y además esta reserva vincula las decisiones de gestión y de inversión a las necesidades del municipio, "cuando el ámbito de muchos mercados centrales excede claramente el ámbito municipal".

Las fuentes consultas insistieron en que, en la actualidad, no es necesaria mantener la competencia municipal sobre los mercados centrales para garantizar el abastecimiento de estos productos alimenticios, ya que el mismo está garantizado por otros canales. Esto conduciría a que, en el caso de Mercasevilla, no sería obligatoria la necesidad de que el Ayuntamiento controlara el 51,24% de la sociedad, como ocurre en la actualidad, ni siquiera un porcentaje inferior.

Al no existir esa necesidad de garantizar el abastecimiento, el Ayuntamiento podría incluso pasar a tener una representación simbólica en el accionariado o incluso salirse del mismo, lo que abriría la vía a la privatización del Mercado mayorista. Otra cosa bien distinta sería que al Ayuntamiento le interesara mantener esa participación, en el supuesto de que la sociedad fuese rentable, lo que no sucede en Mercasevilla.

Según las últimas cuentas formuladas en el Mercado Central de Abastos de Sevilla y correspondientes al año 2012, esta empresa pública mixta arrojó unas pérdidas cuantificadas en 552.727 euros. Mercasevilla había arrojado en 2011 unos beneficios de 526.000 euros, pero su balance de explotación es negativo, puesto que cerró 2010 con pérdidas valoradas en 381.560 euros, mientras que en 2009 las pérdidas ascendieron a 4.123.666 euros.

Sobre Mercasevilla pesa igualmente un pasivo de 9.046.976,95 euros por la financiación del Expediente de Regulación de empleo (ERE) de 2007, al que se acogieron 40 trabajadores que fueron prejubilados. La Junta de Andalucía, que inicialmente había mostrado su compromiso a sufragar la cuantía de estas prejubilaciones, se retractó finalmente de este apoyo. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) atribuyó a Mercasevilla la responsabilidad a la hora de sufragar estas rentas.

La empresa pública se encuentra igualmente en el ojo del huracán de varias investigaciones judiciales emprendidas por la juez Mercedes Alaya, que mantiene abiertas sendas causas por un posible delito societario de los ex directivos del Mercado Central y por las irregularidades detectadas en la venta de los suelos de Mercasevilla. Otro de los procesos investigados, el intento de cobro de comisiones ilegales a los empresarios de La Raza, finalizó con la condena de los ex directivos y del ex delegado de Empleo Antonio Rivas, a 21 meses de inhabilitación y a pagar una multa de 600.000 euros, aunque este caso está pendiente de los recursos presentados.