Sevilla

La rescisión del contrato de las cajas e Isla Mágica incluye condiciones sobre el canon y el relevo

  • El presidente del parque confirma al comité de empresa un principio de acuerdo entre los accionistas (Cajasol y Unicaja) y la Junta para reformular la concesión con una rebaja del canon a 200.000 y diversas "condiciones" para la rescisión del actual contrato.

El presidente de Isla Mágica, José Luis Galán, ha "confirmado" al comité de empresa del parque temático de Sevilla la existencia de un principio de acuerdo entre sus accionistas (Cajasol y Unicaja) y la Consejería de Economía y Hacienda en cuanto a la reformulación de la concesión administrativa de la que goza la empresa para funcionar sobre suelos de titularidad autonómica, un consenso que incluye la rebaja del canon a poco más de 200.000 euros pero contempla "condiciones" para la rescisión del actual contrato de participación.

El presidente del comité de empresa de Isla Mágica, Joaquín Jiménez (CCOO), informó de que fue el pasado jueves cuando los representantes de los trabajadores se reunieron con José Luis Galán, quien les confirmó el "principio de acuerdo" logrado entre Cajasol y Unicaja y la Consejería de Economía y Hacienda para la reformulación de la concesión administrativa y la salida de las cajas de ahorro del accionariado del parque temático, que afronta un canon anual de 800.000 euros por parte de la Junta de Andalucía pese a que no le son de utilidad buena parte de los suelos adscritos a la citada concesión administrativa.

El principio de acuerdo contempla la rebaja de este canon a poco más de 200.000 euros, nunca a una cuantía superior a los 300.000 euros y renovando la vigencia de la concesión administrativa hasta 2050. Los actuales accionistas, que ven ahora un documento para la "rescisión" del contrato que les vincula al parque temático, recibirían por parte del nuevo comprador entre 30 y 40 millones de euros en concepto de "indemnización" por los activos aportados pero "no amortizados".

Ahora bien, el acuerdo incluye también dos "condiciones" muy claras para la dirección del negocio y para Cajasol y Unicaja en cuanto a la rescisión de su contrato. La primera de ellas es la obligación de Isla Mágica de abonar a la Junta los cerca de nueve millones de euros que le adeudaría en concepto del canon anual acumulado en los últimos años, en caso de lo contrario no se haría efectiva la salida a concurso público de las participaciones que desean abandonar Cajasol y Unicaja.

La segunda, que entronca con la primera, obliga a los actuales accionistas a mantener su participación en el negocio hasta que un nuevo comprador asuma el capital social de la empresa y tome las riendas del parque temático. 

Ante la previsión de Isla Mágica de elevar a debate el contenido del acuerdo durante la primera quincena de enero, Jiménez consideró que lo acordado es "bastante viable" para la "perpetuidad" de la actividad del parque temático de Sevilla. "Venga o no venga otro comprador, hay accionista asegurado", celebró el presidente del comité de empresa.

Temor de "quiebra técnica"

La resolución de la negociación cobra especial importancia tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que condenó al parque temático de Sevilla a pagar 4,2 millones de euros al Ministerio de Economía y Hacienda por el incumplimiento de las condiciones bajo las cuales en 1996 percibió subvenciones públicas para arrancar su actividad, caso que había hecho que el comité de empresa temiera una "quiebra técnica".

La negociación tiene como objetivo rebajar el canon que Isla Mágica abona anualmente a la Junta de Andalucía a cuenta de la concesión administrativa otorgada para ocupar suelos de titularidad autonómica en la isla de la Cartuja, donde la empresa afronta el pago de este canon pese a que buena parte de los suelos y activos incluidos en la concesión no le son de utilidad.

Entre los meses de octubre y noviembre, la Consejería de Economía y Hacienda ya entregó a Cajasol un borrador acerca de los posibles aspectos jurídicos de la operación, mientras la dirección del parque espera ampliar el plazo de la concesión, modificar los aspectos espaciales del contrato del terreno y eliminar o reducir el canon devolviendo a la Administración andaluza activos como los Jardines del Guadalquivir o el Pabellón del Futuro.

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