El robo en el supermercado bonsabor La historia del delincuente Bernardo Mingorance Santiago

Del taller mecánico al hampa

  • El atracador que falleció el viernes era un operario en paro y con problemas para pasarle la pensión a su ex esposa · La Policía crítica que el juez lo pusiera en libertad después de intervenirle un arsenal de armas

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La historia de Bernardo Mingorance Santiago, que falleció el pasado viernes cuando atracaba un supermercado en la Gran Plaza, es la del prototipo del delincuente que surge en épocas de crisis porque, hasta junio pasado, carecía de antecedentes. Su vida era la de un vecino del Polígono San Pablo que trabajaba como mecánico, profesión a la que dedicó la mayor parte de su vida. Desde hace algunos meses estaba en el paro, según han confirmado fuentes de su entorno. Mingorance se separó hace dos años de su mujer, con la que tenía tres hijos. La mujer le había denunciado por no pagarle la correspondiente pensión, lo que había derivado en la apertura de un procedimiento judicial por abandono de familia.

Esta causa y la abierta con motivo de la detención del 27 de junio son lo único que, antes del violento atraco del pasado viernes, tenía la Justicia contra el fallecido. El motivo de ese arresto fue el robo de nueve motos y varias bicicletas, aunque la Policía también le imputó un delito de tenencia ilícita de armas después de que le fueran intervenidas en una parcela de su propiedad, ubicada en Carmona, seis escopetas de caza, un rifle, una pistola, dos escopetas de aire comprimido, cinco machetes de monte y más de un millar de cartuchos de munición.

Las circunstancias que llevaron a un hombre de 36 años sin antecedentes policiales a cometer su primer robo y, cuatro meses después, un atraco a mano armada no están esclarecidas al cien por cien, pero en su forma de actuar quizás pudo influir su situación económica y personal. Quienes le conocían aseguran que se quedaron muy sorprendidos tras conocer su detención por el robo de las motos y, sobre todo, por el atraco al supermercado, porque nunca se había involucrado en el mundo de la delincuencia.

La Policía, sin embargo, ha criticado a los jueces por el hecho de que el individuo quedara en libertad tras haber sido detenido con un arsenal de armas en casa. El jefe superior de Policía en Andalucía Occidental, Enrique Álvarez Riestra, insistió ayer en la polémica sobre las decisiones judiciales de liberar a los delincuentes. "Una cosa es que estemos acostumbrados a ello, a verlo diariamente, y otra cosa es que no debería darse esa circunstancia. Todo delincuente que lleva un arma está indudablemente dispuesto a utilizarla cuando se le presenta la ocasión. La lleva para utilizarla. Ése es un delincuente peligroso y el mejor sitio para estar es en la cárcel", sostuvo el máximo responsable policial de Sevilla. "El juez que ha dictaminado que salga [Bernardo Mingorance] tendrá sus argumentos, y a mí me gustaría saberlos", añadió Álvarez Riestra.

El juez, en cambio, decidió dejar en libertad a Bernardo Mingorance tras su arresto del 27 de junio por varios motivos, entre ellos que no había quedado acreditada la tenencia ilícita de armas, según explicaron ayer a este periódico fuentes judiciales. De hecho, un oficio que la Policía remitió a la unidad científica y que acompañó al atestado policial enviado al juzgado ponía de manifiesto que todas las armas halladas en el domicilio de Bernardo Mingorance tenían las correspondientes "guías de pertenencia" a su nombre, lo cual implicaría que, en principio, no habría un delito de tenencia ilícita de armas.

Si se caía esa acusación, sólo podía imputársele un robo con fuerza, en el que además el individuo empleó una llave falsa, y a todo ello se añadía el hecho de que se trataba de un delincuente primario, que carece de antecedentes tal y como había apuntado la Policía y confirmó el propio juzgado de guardia mediante las comprobaciones oportunas. A pesar de estas circunstancias, la Fiscalía pidió el ingreso en prisión preventiva de Bernardo Mingorance, pero el juez optó por dejarle en libertad, una decisión que no recurrió el Ministerio Público.

El fiscal esgrimió el riesgo de fuga del sospechoso para pedir su prisión, pero el juez valoró que fue el propio individuo quien permitió el acceso de la Policía a sus domicilios y colaboró de forma voluntaria con los agentes encargados de la investigación.

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