El delegado de Urbanismo ofreció este martes un pobre balance del estado de ejecución del suelo urbanizable de la ciudad al afirmar que de las 45.011 viviendas nuevas previstas en el plan urbanístico de 2006 no se ha ejecutado una sola vivienda, a fecha del pasado 1 de abril, y ni siquiera las 18.287 protegidas que como máximo iban a construirse. Tampoco se ha cumplido la previsión de servicios avanzados, ni los edificios de uso industrial y almacenaje. Y de los edificios de uso terciario previstos (2,6 millones de metros/techo) se han ejecutado 71.000 únicamente. El balance no puede ser más desolador tras casi ocho años de vigencia del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Este dato se dio a conocer en la reunión de la comisión de seguimiento del PGOU de Sevilla, donde están representados los agentes sociales y económicos de la ciudad, y que llevaba más de un año sin reunirse. La causa de este pobre balance es que el plan empezó a ejecutarse un año antes del estallido de la burbuja y de la crisis económica, pero se concibió en época de bonanza.

En esta comisión están la Federación de Asociaciones de Vecinos, la Cámara de Comercio, los Colegios Oficiales de Arquitectos y de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, la patronal de la construcción y promoción (Gaesco) y, las formaciones sindicales CCOO y UGT, además de los tres grupos políticos con presencia en el Ayuntamiento: PP, PSOE e IU.

Los miembros se quejaron de forma unánime de que el acta de la reunión de marzo de 2013 no recoge ninguno de los compromisos que se alcanzaron entonces. La solución, dado que no se grabó la sesión anterior, es que los integrantes envíen por escrito sus intervenciones para que consten en el acta definitiva.También hubo una petición general de que se entregue la documentación con anterioridad a la reunión para emitir una posición firme.

Al abordar el estado de tramitación del PGOU, la inmensa mayoría de los miembros de la comisión plantearon "la necesidad de una revisión realista y flexible del plan", en lugar de seguir aprobando modificaciones puntuales (ya va una treintena) que la Junta de Andalucía echa para atrás al interpretarlas como modificaciones estructurales que afectan al modelo de ciudad. El delegado de Urbanismo, Maximiliano Vilchez, rechazó tal revisión por entender que paralizaría la ciudad. Tuvo el apoyo del Colegio de Arquitectos de Sevilla, para quien no sería conveniente en este momento convulso, dijo.

El portavoz del PSOE, Juan Espadas, valoró este martes que su grupo no comparte el "parcheo" de las moficaciones puntuales y opina que revisar el plan es "evaluar y diagnosticar sin cambiar el modelo de ciudad ni los principios del plan".

De la comisión de expertos que debía actualizar el PGOU, anunciado desde 2012, no hay noticias ni fecha cierta. PSOE, IU, CCOO y UGT preguntaron este martes al delegado qué fue de ese comité y Vílchez respondió que el gobierno sigue teniendo la intención de constituirlo, pero no dio fecha.

Como tercer punto, se informó de las sentencias que anulan determinaciones del PGOU. Sobre la demanda por incumplimiento del Convenio Urbanístico del Buen Aire, el Ayuntamiento se da más plazo para resolver.

Sobre los suelos de la ex tabacalera Altadis, el delegado presentó a la comisión el "proyecto de convenio urbanístico" pactado con Altadis, pero sin planos, y Vílchez dijo que es un convenio de mínimos que habrá que desarrollar. La comisión criticó la solución "carente de imaginación" que se ha dado a los suelos.

Sobre la SE-35, el delegado se quejó de que el Parlamento europeo haya escuchado a los demandantes y no al Ayuntamiento; dejó en manos de la Junta la revisión de los estudios ambientales y dijo que hay tramos que podrían licitarse y adjudicarse si no se modifica lo que está proyectado.