Amnistía denuncia la desprotección de los menores ante los videojuegos

  • Según la organización de defensa de los derechos humanos, ninguna comunidad autónoma protege a la infancia de los mensajes violentos · Sólo diez regiones han desarrollado normativa específica

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La mitad de las comunidades autónomas carecen de legislación específica para regular el acceso de los menores a videojuegos que hacen apología de la violencia y la otra mitad, que sí cuenta con regulación, no la cumple, según un estudio elaborado por Amnistía Internacional (AI) con el título Acceder a violaciones de derechos humanos virtuales: un juego de niños. Esta denuncia, que parte de una investigación realizada por los activistas de la organización en una treintena de pequeños comercios y grandes superficies de toda España, se hace pública cuando se cumple un año desde que el Ministerio de Sanidad y Consumo anunciara la entrada en vigor del sistema PEGI de clasificación por edades, una herramienta "basada en la autovaloración" de los fabricantes de videojuegos que, según AI, "no aporta información suficiente y clara" de los contenidos.

El informe señala que existen diez comunidades cuyas leyes de protección de la infancia incluyen la prohibición de alquilar o vender este tipo de productos a menores de edad, pero en todas ellas la ONG ha constatado que niños de entre nueve y diez años no acompañados por un adulto pueden adquirir sin problema juegos como el God of War, cuyo reclamo publicitario reza: Te invitará a quemar aldeas y sacrificar mujeres y niños. Las diez regiones son Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco.

Este hecho, que el presidente de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, atribuye al "pobre compromiso del Gobierno" con la protección de la infancia y a su decisión de apostar por la "autorregulación", se repite incluso en las comunidades que han aprobado en los dos últimos años un reglamento sobre videojuegos, como son La Rioja, Cataluña y Baleares.

En ninguno de los establecimientos sondeados de las comunidades autónomas con legislación se han encontrado los videojuegos para adultos claramente diferenciados de los productos para menores de edad y los dependientes consultados "han manifestado un nivel muy desigual de conocimiento" sobre la normativa de protección y sobre el propio sistema PEGI, que funciona mediante iconos dibujados en el producto. De hecho, la organización ha detectado "en al menos dos casos", que los vendedores interpretan la señal de autorizado para mayores de 18 años como un indicativo del nivel de dificultad del videojuego, y no como una obligación de prohibir su venta a los menores de edad. No han encontrado ningún dependiente que hubiera recibido indicaciones de un superior sobre la venta de estos productos.

En otras cuatro comunidades autónomas, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia, se regula el acceso a videojuegos con "ciertas advertencias" que "son ambiguas" y "no tienen desarrollo", por lo que, en palabras de Beltrán, "no hay quien las cumpla". A éstas se suman otras tres, Asturias, Cantabria y Extremadura, que "no hacen ninguna mención" sobre el acceso de los niños a los productos audiovisuales; y por último, Ceuta y Melilla, donde "ni siquiera existe una ley de protección de la infancia", recordó el presidente de Amnistía Internacional.

Teniendo en cuenta que el 78 por ciento de los niños de entre 11 y 16 años utiliza videojuegos, la organización denuncia que hasta ahora "el Gobierno haya apostado por promover el código voluntario" ya que, según explicó Beltrán, "es como si hubiera delegado la protección de los menores en las empresas, que obviamente, sólo están interesadas en ganar dinero". Por eso, Amnistía exige a las comunidades que hagan cumplir sus legislaciones para evitar que sigan siendo "el típico ejemplo de papel mojado", y les pide que insten al Gobierno central a adoptar medidas adicionales.

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