Entre 10.000 y 20.000 menores holandeses fueron víctimas desde 1945 de abusos sexuales por parte de religiosos católicos, una práctica que era conocida por una jerarquía eclesiástica cuya mayor preocupación era evitar el escándalo. Esta es la principal conclusión presentada por la comisión independiente dirigida por el ex ministro Wim Deetman, cuyo equipo ha investigado desde agosto de 2010 los abusos a menores en el seno de la Iglesia católica.

Tras identificar a 800 presuntos autores -105 de los cuales siguen vivos- la comisión concluyó que los abusos, que tuvieron lugar en instancias como orfelinatos, seminarios e internados, iban desde el puro contacto físico hasta penetraciones, de las que estimó se produjeron "unas 1.000". Sin ocultar su conmoción por estas conclusiones, Deetman indicó en rueda de prensa que el "riesgo de sufrir abusos sexuales era dos veces mayor en internados" que en otras instancias educativas.

Pero también fuera de los círculos religiosos los menores padecían abusos, ya que "uno de cada 10 holandeses de 40 o más años ha sido víctima de este tipo de prácticas antes de cumplir 18 años y por parte de una persona ajena a la familia", según la comisión. "Aunque los porcentajes parezcan bajos, hablamos de cifras absolutas de gran alcance", remarcó Deetman, que calificó las revelaciones del informe de "tristes y frustrantes". Aunque la comisión ha investigado casos de abusos desde 1945 hasta 2010, la cifra absoluta indicada se corresponde al período comprendido entre 1945 y 1981, ya que era entre esos años cuando más predominaba ese tipo de centros religiosos.

El representante de las víctimas, Guido Klavers, declaró a los medios que los datos "son desconcertantes para todo el mundo" y "las conclusiones son más impactantes de lo que se esperaba". "El tiempo de solamente hablar se ha acabado, ahora hay que concentrarse en la recuperación de las vidas de las víctimas", afirmó. Tras pedir disculpas por los abusos y mostrar su arrepentimiento, el arzobispo de Utrecht, Wim Eijk, reconoció en rueda de prensa que las cifras son "estremecedoras" y la Conferencia Episcopal siente vergüenza por que haya sucedido ese tipo de prácticas.

El informe supone un golpe para la Iglesia católica holandesa porque constata que esa institución se ha regido en las últimas décadas por la ley del silencio respecto a los casos de abusos a menores, a pesar de que tenía conocimiento de los mismos. "La atención al tema recaía más sobre los autores que sobre las víctimas (...) y, para evitar escándalos, no se aplicaron medidas para solucionar y reconocer el problema ni para ofrecer ayuda a las víctimas", indica el documento. Además, cuando la información sobre los abusos llegaba a oídos de superiores, "la medida generalizada era el traslado, eventualmente al extranjero, pero no la expulsión de la orden", añade. Deetman puntualizó, en la rueda de prensa de presentación del informe, que el celibato "no constituyó un factor determinante" a la hora de cometer abusos sexuales, pero reconoció que ha sido un factor de aumento de riesgo.

También aclaró que "no hará públicos datos sobre personas individuales" y explicó que las informaciones recabadas no constituyen en principio "una fuente de pruebas jurídicas". Preguntado por su opinión sobre qué necesitan ahora las víctimas, el ex ministro respondió que "las indemnizaciones son esenciales", al igual que los centros de atención.

A principios de noviembre pasado, la Iglesia católica holandesa aceptó pagar indemnizaciones de entre 5.000 y 25.000 euros (pero de hasta 100.000 para los casos más graves) a las víctimas de estos abusos, siempre que existan pruebas e incluso en los casos en los que el delito ya haya prescrito. El informe provisional de la comisión, divulgado hace un año, ya señalaba que había recibido un total de 1.975 denuncias y criticaba el funcionamiento de la entidad creada por la Conferencia Episcopal para ayudar a las víctimas. Las cifras divulgadas se basan en esas denuncias y en análisis de archivos de la Iglesia católica, además de entrevistas directas con afectados, según Deetman. La comisión fue creada por la propia Iglesia católica en marzo de 2010, tras una amplia serie de denuncias de abusos sexuales por parte de religiosos.