Los jueces podrán asignar escoltas privados a las mujeres maltratadas

  • La iniciativa, aprobada ayer por el Consejo General del Poder Judicial, se aplicará en casos excepcionales de alta peligrosidad · Su puesta en marcha estará coordinada con la Policía y las comunidades

Comentarios 1

El órgano de gobierno de los jueces ha asumido que la seguridad privada pueda incorporarse a la lucha contra la lacra de la violencia de género. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer, por unanimidad, una propuesta del portavoz de este órgano, Enrique López, para que los órganos judiciales, en casos excepcionales, puedan asignar escoltas de seguridad privada a las víctimas de la violencia de género. Se trata de una iniciativa que ya presentó al Ministerio del Interior la Asociación Española de Escoltas (ASES) en 2004 y 2006.

La comisión permanente del CGPJ cree que los jueces sí pueden asignar escoltas privados a aquellas víctimas de la violencia de género cuya situación pueda suponer una alta peligrosidad, asignación que se llevaría a cabo de forma coordinada con los cuerpos policiales, únicos habilitados hasta ahora para cumplir este cometido.

Así, a pesar de que la labor de protección de las víctimas de este tipo de violencia corre a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las comunidades autónomas, el texto recoge que, en ocasiones excepcionales, los jueces puedan asignarles estos escoltas. Los casos considerados excepcionales deberán ser designados por los jueces siempre en aras a "la consecución efectiva de la protección de las víctimas".

De esta forma lo explicó el CGPJ en una nota de prensa en la que adelantaba que se expondrá la cuestión en la próxima Comisión Nacional de Policía Judicial, aún sin fecha prevista.

El texto del acuerdo recoge que la Asociación Española de Escoltas (ASES) solicitó la consideración de esta idea a la Comisión Nacional de Policía Judicial, tras lo que la institución pidió la opinión de aquellas entidades relacionadas con esta lacra social.

La asociación de escoltas ya había presentado un plan integral de protección personal a las víctimas de la violencia doméstica en el año 2004. En aquella ocasión fue rechazado, por lo que volvieron a insistir en 2006, coincidiendo con la tregua de la banda terrorista ETA, para poder reincorporar a aquellos escoltas privados que con dicha tregua quedarían desempleados.

La propuesta preveía la dotación de unos 500 efectivos con un coste de 3,5 millones de euros al año para todas aquellas víctimas para las que un juez habría dictado una orden de alejamiento o de protección. El plan de protección incluía tres fases de actuación, de acuerdo con la gravedad de la situación. En el grado mínimo, la víctima contaría con métodos eficaces de aviso para que el agente acudiera rápidamente al lugar. En los casos medio y alto habría acompañamiento en desplazamientos de riesgo y protección permanente, respectivamente.

Además, para aquellas zonas con escasos recursos, la ASES proponía un escolta para cada cinco víctimas, en caso de que la zona protegida no fuese superior a los cinco kilómetros entre personas protegidas. En cuanto a los medios técnicos, sugerían pulsadores y pulseras que detecten al agresor para las víctimas y armas con munición no letal, bastones extensibles con autorización previa y vehículos a motor para los escoltas.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios