En marcha el pacto de Estado contra la violencia machista sin financiación

  • La oposición afea al Gobierno la falta de presupuesto de un plan cuyas primeras medidas ya están sobre la mesa

  • El punto de partida es reformar la Ley Integral

La mitad de las 214 medidas del pacto contra la violencia de género están en fase de estudio o ejecución, pero su cumplimiento íntegro pasa, entre otras, por modificar 15 leyes, entre ellas "la verdadera bóveda" de ese acuerdo, la Ley Integral de 2004, de la que se reformarán una veintena de artículos. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, compareció este miércoles en la comisión de igualdad para dar cuenta del grado de cumplimiento del pacto de Estado, aprobado con las comunidades el 27 de diciembre, en la que destacó que la ejecución de las iniciativas avanza a un "ritmo positivo".

El pacto nació con un compromiso económico de 1.000 millones de euros en cinco años que este miércoles volvió a reiterar la ministra ante las críticas de los grupos, que pusieron el foco en este asunto. Sin embargo, Montserrat avisó de que es "responsabilidad suya" que los primeros 200 millones para 2018 puedan aprobarse vía Presupuestos Generales del Estado. "Y si no, en los tres primeros meses buscaremos instrumentos alternativos", como hacerlo mediante un crédito extraordinario, tal y como le reclamó el Parlamento en una proposición no de ley. Pero el pacto exige cumplir con otras muchas medidas, de las que 122 son competencia estatal, 10 autonómicas y 82 compartidas entre todas las administraciones.

Un tercio exige reformas legislativas y no se pueden implementar hasta que estén listos los textos, algo en lo que trabajan dos grupos internos del Gobierno en colaboración con la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial con la intención de "impulsarlas rápidamente". Entre ellas, la de la Ley Integral contra la Violencia de Género, que verá cambiados 20 de sus artículos, y otras 14, incluidas las referidas a la Trata de Seres Humanos y la Violencia Sexual.

El presupuesto, o la ausencia del mismo, centró el turno de los portavoces, quienes se preguntaron por qué el Gobierno no ha liberado aún la partida de 200 millones correspondiente a 2018 y que según el mandato del Congreso, debe poner sobre la mesa al margen de si se aprueba o no una ley de Presupuestos Generales del Estado. "La mayoría de su relato no aporta nada nuevo, es un estamos trabajando en ello cuando de sus decisiones políticas y financieras depende que se tenga o no la llave para abrir la posibilidad de trabajar y de momento, esa puerta está cerrada", aseguró la portavoz del área de Igualdad en el Grupo Socialista, Ángeles Álvarez, en relación a la no liberación de los 200 millones previstos para 2018.

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