Los médicos requeridos a declarar por los abortos ilegales se niegan a hablar

  • El abogado del personal de la Clínica Isadora pide que se concreten los hechos que se imputan a cada profesional

Los tres médicos de la clínica Isadora de Madrid, dedicada a interrupciones del embarazo, requeridos judicialmente en relación con la presunta realización de prácticas ilegales, se acogieron ayer a su derecho a no declarar ante el juez de instrucción José Sierra hasta que éste "no concrete y aclare los hechos que se les imputa a cada uno".

Así lo manifestó a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla Rafael Burgos, uno de los abogados de los tres médicos de esta clínica (dos ginecólogos y una psiquiatra) llamados a declarar ayer como imputados por el titular del juzgado de instrucción número 47. "Lo razonable es que se archive el asunto si el juez no sabe lo que se les imputa", añadió Burgos, quien estimó que la instrucción del caso "ha podido tener deficiencias" y que, si éstas se concreten, los abogados de la clínica formularán las pertinentes denuncias.

Por su parte, fuentes judiciales explicaron que Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que es en la primera declaración ante un juez de instrucción cuando el encausado conoce el asunto sobre el que ha sido requerido para declarar. En este caso, añadieron las mismas fuentes, "el criterio ha sido preguntar a los imputados sobre los extremos de la instrucción abierta" para que ellos tres se pronunciaran.

Al juzgado también acudieron las portavoces de la clínica, Empar Pineda y Marisa Castro, que denunciaron que la instrucción es "oscura" y que la investigación abierta por supuestos abortos ilegales es un complot contra los derechos de las mujeres. "No se trata de averiguar si se cumple la ley, sino de encontrar algo condenatorio", destacó Pineda, quien afirmó que la investigación abierta "es una causa general y en abstracto propia de la Inquisición".

Juan Sánchez-Galera, presidente de la plataforma La Vida Importa (que denunció al Seprona la aparición en la basura de restos de fetos de ocho meses), dijo que si se ha actuado penalmente contra la clínica es porque "han visto flagrantes delitos" que "exceden de lo puramente administrativo". "Si tras la investigación de la Guardia Civil van contra Isadora es porque hay algo más residuos biosanitarios, que no es delito sino sanción administrativa. Estamos hablando de posible genocidio", dijo Sánchez-Galera.

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