El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, logró ayer el acuerdo por el empleo sobre el que pivotará el pacto por Andalucía, principal apuesta política del Gobierno de coalición PSOE-IU. Con esta escenificación el presidente de la Junta quiso lanzar un mensaje de diálogo y paz social al conjunto de la Nación. Participaron los actores tradicionales de los siete acuerdos de concertación que se han firmado desde 1993 (Junta, CCOO y UGT y la Confederación de Empresarios, CEA), aunque las partes desligaron la firma de la concertación, que sí cuenta con medidas concretas y dotación económica aunque no se cumpla, y cuya vigencia expira este año.

Pese a las distancias marcadas, el acto celebrado en el Palacio de San Telmo se revistió de la misma solemnidad protocolaria y se repitió fotografía. Hasta el preámbulo del texto es idéntico al del VII Acuerdo de Concertación firmado en 2009, salvo en las nuevas alusiones al pacto.

Sin novedades sobre medidas que supongan una inyección económica al desolador estado de desempleo en la comunidad, con una tasa de paro que alcanza cifras históricas (35,86% de media), el protagonismo se lo llevó entre los asistentes la sorpresiva jornada de detenciones que a la misma hora se producían en diferentes provincias relacionadas con el escándalo de los ERE. Hasta alguno especuló con la posible contraprogramación de la juez encargada de la investigación, Mercedes Alaya.

En este boato, los firmantes se comprometieron a buscar soluciones a la grave situación económica. La Junta, encantada de rubricar de nuevo la paz social y con la esperanza de obtener algún titular nacional, creando un marco que favorezca las oportunidades. Y las organizaciones sindicales y empresariales, alejado el fantasma de más sillas de invitados, comprometiéndose a poner de su parte. Es relevante que el primer punto del que ha sido denominado Acuerdo para el Progreso Económico y Social de Andalucía sea la legitimación de las partes firmantes.

Uno de los compromisos más relevantes de este acuerdo, de 15 páginas, es la voluntad de la organización más representativa de los empresarios y de CCOO y UGT a alcanzar un acuerdo bipartito para desbloquear la negociación colectiva en el plazo de un mes. Unos 400 convenios colectivos están paralizados.

No hay rastro sin embargo de la tan criticada reforma laboral del Ejecutivo de Rajoy, pese a que ha sido una de las dianas predilectas del Gobierno y los sindicatos. Tan sólo se menciona que "las recientes reformas del marco legal han producido importantes modificaciones en la regulación de la negociación colectiva" y los firmantes se comprometen a dialogar para mejorar las relaciones laborales.

Sí que hubo causa común en la petición al Gobierno del PP de que cambie el modelo de financiación autonómica, aprobado en mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, y que se relaje el objetivo de déficit a las comunidades.

Esta alianza alcanza también a la petición a Rajoy de un plan de empleo exclusivo como tienen Extremadura o Canarias y a que priorice los corredores ferroviarios. Los agentes sociales plantean que el Gobierno debe entender que Andalucía seguirá necesitando inversión en función de su población una vez se agote el compromiso de siete años recogido en el Estatuto (Disposición Adicional Tercera), en 2014.

La Junta y los agentes sociales y económicos se dan un mes para iniciar los trabajos de una nueva Estrategia económica de Andalucía con horizonte 2020 y otro mes a partir de la Conferencia Sectorial de Empleo para regular la formación para el empleo, yacimiento de subvenciones para estas organizaciones.

Crearán al menos seis grupos de trabajo, entre otros para la redefinición de las oficinas en el exterior, las zonas prioritarias para incentivar las políticas de empleo, la simplificación de trámites o la protección de la salud. Impulsarán el artículo 138 para evaluar las políticas públicas.

Griñán destacó que este pacto supone el "núcleo económico fundamental" y la "guía" del futuro gran pacto y lo remitirá al Parlamento.

El presidente de la CEA, Santiago Herrero, deseó que esta estrategia incentive el desarrollo productivo y deseó que "sea un precedente para el resto del país".

Los secretarios regionales de UGT, Manuel Pastrana, y de CCOO, Francisco Carbonero, defendieron el pacto como una apuesta por un modelo de "gobernanza cooperativa y por la búsqueda de la cooperación frente a la confrontación". Pastrana dijo que no están en el pacto "para hacerse una foto más en el correlato de la concertación, sino para la búsqueda de respuesta a los problemas de los trabajadores".