Una imputada en los ERE ganó 800.000 euros y es dueña de pisos

  • El PP arremete contra Griñán porque "cree que está por encima del bien y del mal".

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Encarnación Poto Monge, imputada en la causa por los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos como presidenta de Aceitunas y Conservas (Acyco), percibió 839.086 euros entre el 2003 y el 2011 y tiene pisos valorados en 230.880 euros. El informe ampliado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entregado a la juez Mercedes Alaya, recoge que Poto Monge se acogió a la regulación laboral de 2003 en la empresa pero siguió yendo a trabajar a diario, con las mismas responsabilidades y funciones, con el cargo de presidenta del consejo de administración.

Poto "se benefició del ERE, algo a lo que tenía derecho", pero el cese de sus percepciones como trabajadora "lo suplió ampliamente" con su nuevo trabajo como miembro del consejo de administración de esa sociedad anónima y otras del Grupo SOS cuando éste compró Acyco. Su nueva retribución, si bien tenía la consideración fiscal de rendimientos del trabajo, "no tenía carácter de salario puesto que presuntamente no desempeñaba actividad laboral alguna", hecho este "que no se ajusta a la realidad", según la Guardia Civil.

Según el informe, Poto percibió entre 2003 y 1011 un total de 839.086 euros, de los que 358.890 fueron como pensionista, 318.455 por sus cargos como consejera, 35.355 de rentas exentas y dietas, 24.635 euros de prestaciones por desempleo y 101.749 euros por venta de sus acciones. Además posee bienes inmuebles con un valor catastral de 230.880 euros, entre ellas una vivienda en Dos Hermanas (Sevilla), sendos pisos en Rota y Chipiona (Cádiz) y una finca rústica en Utrera (Sevilla). La Guardia Civil también subraya en su informe las buenas relaciones que Poto tenía con "cargos autonómicos y locales", en especial su amistad con el alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), el socialista Francisco Toscano.

La vicesecretaria de Relación con las Organizaciones Sociales del PP-A, Alicia Martínez, afirmó ayer que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en relación al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, "cree que está por encima del bien y del mal cuando todo el mundo en Andalucía sabe que el caso empieza y acaba en la Junta y cada euro defraudado lleva la marca del partido socialista".

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