IU abrió ayer las puertas de la comisión de los ERE para que declaren al ex presidente de la Junta Manuel Chaves, al ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías y al ex delegado del Gobierno en Andalucía y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. Estos tres nombres son resultado del anuncio que hizo el portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, de que su formación "no va a vetar" ninguna comparecencia ni solicitud de documentación, siempre y cuando tengan relación directa con los hechos que se investigan. Los dos primeros están ya en la lista de comparecientes del PP, y el tercero lo estará en la del PSOE, y los tres juntos parece seguro que también estarán en la de la coalición de izquierdas.

Una vez despejada la incógnita del interrogatorio al presidente andaluz, José Antonio Griñán, que dio un paso al frente al pedir a su grupo parlamentario que lo convocara, ante la evidencia de que se lo pediría su socio de Gobierno y el partido de la oposición -provocó tensiones en el PSOE, ya que había quienes no veían motivo-, eran Chaves y Zarrías los dos otros puntales de esta comisión. IU ya avisó cuando se aprobó la constitución de la comisión que lo "lógico" era pedir la citación de miembros del actual y del anterior Ejecutivo andaluz. Éstos siguiendo la estela de Griñán, también mostraron su voluntad de testificar si así se lo solicitaban los grupos.

La misma lógica para pedir comparecencias en la Junta, también es aplicable al Gobierno del PP. Si Zoido estuvo o no relacionado con el ERE de la Faja Pirítica de Huelva es algo que el PSOE quiere que aclare, aunque también quiere apuntar más alto y llegar al que entonces era ministro de Trabajo, Javier Arenas -IU no tiene tan claro su vínculo -. Ante la previsión de que PSOE e IU lo soliciten, Zoido ya se ha adelantado y, siguiendo la doctrina Griñán, ya ha dicho que irá al Parlamento si así se lo requieren. La duda que tienen en IU es cómo se comportarán ahora los populares.

El juego de nombres, no obstante, será más amplio y se sabrá este viernes quiénes son los comparecientes que quiere cada grupo. Ése es el plazo marcado en el plan de trabajo aprobado ayer a propuesta del presidente de la comisión, Ignacio García (IU), que sintetiza las propuestas de los tres grupos, y que contó con el visto bueno de PSOE e IU, y el rechazo del PP.

Este plan recoge que la comisión tendrá tres fases: análisis de documentación, comparecencias y dictamen. El límite estipulado para su finalización es de 90 días, es decir, las conclusiones deberían estar listas para su visto bueno por el pleno de la Cámara el 30 de septiembre. Para que se cumpla, aparte de julio, se habilitará agosto. Y en el calendario ya está marcado en rojo el próximo lunes, que será cuando se apruebe la documentación a solicitar y la primera tanda de comparecientes. Las administraciones y organismos a los que se les requiera información tienen diez días para remitirla, y el 23 de julio será cuando arranquen los interrogatorios, a los que podría llamarse a unas 50 personas.

Pese a estar muy medidos los tiempos, Ignacio García explicó que habrá la "máxima flexibilidad" no sólo para la conclusión de la comisión de investigación, sino en su proceso, lo que permitirá que puedan solaparse los procesos de recepción de documentación y comparecencias, como todo apunta que sucederá con el informe de la Cámara de Cuentas, que puede estar listo en un mes y medio.

Los argumentos del PP para oponerse a este plan de trabajo son las "prisas" de quienes están en el Gobierno andaluz para "cubrir el expediente" y cerrar la comisión en falso -el PP quería que estuviera en activo hasta diciembre-, pero lo que más le inquieta son los "vetos" a la documentación y los comparecientes, como aseguró su portavoz parlamentario, Carlos Rojas. IU ya se ha encargado de sacarles de ese error, pero también ha dejado claro que lo que no va a aceptar es que se llame a cualquiera. Tiene que haber una relación justificada, ya que en la coalición de izquierdas intuyen que el PP quiere dilatar al máximo posible en el tiempo la comisión. "IU marca su ritmo propio antes las prisas del PSOE y las maniobras dilatorias del PP", aseguró Castro, que sostuvo que si por los populares fuera, alargarían durante un año la investigación. Una apreciación en la que coincidió su homóloga socialista, Antonia Moro, que se mostró convencida de que esta estrategia del PP es para desviar la atención sobre otras decisiones del Gobierno central como el "copago o la subida del IVA".

Aunque la finalidad que se persigue con la comisión son las responsabilidades políticas en todo este escándalo, en IU también les preocupan las administrativas. Fuentes de coalición dicen que se darían por satisfechos si con ese dictamen final se desbloquean ERE que están paralizados y colocando en una situación delicada a muchas familias.

50