Los ex presidentes se aferran a su declaración en el Tribunal Supremo

  • Ambos afirmaron desconocer la existencia de informes que alertasen sobre irregularidades en la concesión de ayudas

La incógnita que se plantea tras la citación de los ex presidentes está en si declararán o se acogerán a su derecho a no hacerlo, limitándose a ratificar las declaraciones que prestaron en abril de 2015 en el Supremo y que han sido incorporadas a la causa que se instruye en el juzgado sevillano.

En su comparecencia en el Alto Tribunal, Manuel Chaves aseguró que ni conoció ni fue advertido de las irregularidades de los ERE y tampoco las hubiera permitido en caso de saberlo. Esta postura está en contra de lo que sostuvo en su día la juez Mercedes Alaya, que aseguró en un auto que el Gobierno andaluz "menospreció" los informes de la Intervención alertando de las irregularidades.

Chaves dijo que "no conocía nada" de las transferencias de financiación al IFA de 2000 y 2001 en relación con las ayudas sociolaborales y el convenio marco de julio de 2001, puesto que lo conoció "con posterioridad al preparar su declaración" ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz. Chaves dijo que si hubiera conocido el convenio y alguien le hubiera "advertido de su ilegalidad, hubiera acordado su modificación", aunque señaló que estima que las transferencias de financiación "eran legales". También destacó que los convenios de las ayudas "no pasaban" por el Consejo de Gobierno, lo que le llevó a defender que "no lo conoció y no podía conocer el procedimiento".

Por su parte, José Antonio Griñán derivó la responsabilidad del fraude de los ERE a la Intervención General, cuyos informes alertando de las irregularidades aseguró que nunca recibió; y a la Consejería de Empleo, que era la encargada de controlar el gasto del pago de las ayudas. Griñán defendió tanto la legalidad de las transferencias de financiación al IFA como la actuación de la Consejería de Hacienda y de la Dirección General de Presupuestos.

En su declaración, Griñán explicó con respecto a las advertencias realizadas por la Intervención que "ninguno de esos informes llegaron a su conocimiento, como ha reconocido la propia viceconsejera", en alusión a Carmen Martínez Aguayo, que en su comparecencia ante el TSJA reconoció que no leyó ninguno de los dictámenes porque no eran informes de actuación y por tanto no se requería a la Consejería para que adoptara ninguna medida.

Griñán subrayó que la Intervención es la que "decide en cada momento si promueve actuaciones", de acuerdo con el artículo 12.5 del decreto 9/1999, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta. Ese artículo determina que el informe se emitirá por la Intervención en los casos "en que los responsables de la gestión controlada no adopten las medidas necesarias para solventar las deficiencias observadas" o también cuando "pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos".

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