La difusión de un informe interno de la Cámara de Cuentas, de casi 80 folios, que apunta al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a su antecesor, Manuel Chaves, como conocedores de la trama de los ERE ha convulsionado la actualidad política andaluza. En un gesto inédito, el presidente de este organismo, Antonio López, convocó ayer una rueda de prensa para ubicar la investigación en un momento inconcluso y para anunciar que solicitará a la Fiscalía la posible vulneración del artículo 417 del Código Penal relativo a la revelación de secretos por parte de funcionarios.

López no entró a valorar lo que dice el informe, que cuestiona dos modificaciones presupuestarias autorizadas y firmadas por Griñán como responsable económico en el Gabinete de Manuel Chaves, sino que denunció la "filtración interesada" de este documento, sin apuntar a nadie en concreto ni cuando fue preguntado por si sospechaba de alguien próximo al PP.

A su lado se encontraba María José Camilleri, vicepresidenta a propuesta del PP, que no mudó el gesto en toda la rueda de prensa.

Este informe, en el que se ha trabajado durante ocho meses, tiene que dar trámite de alegaciones a los interesados, la Junta de Andalucía en este caso, apuntó López, que negó que lo revelado sea la posición oficial de la Cámara de Cuentas. "No les quepa la menor duda de que el informe dirá lo que tenga que decir cuando lo tenga que decir, sin permitir manipulaciones interesadas", subrayó. En un mes o mes y medio se conocerá la auditoría definitiva sobre la gestión de los fondos de los ERE. El portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, aseguró que el documento "sustraído estaba bajo el ámbito de responsabilidad de una consejera propuesta por el PP". Griñán criticó el posible uso "partidista" de ese supuesto informe de la Cámara de Cuentas, anunció que la Fiscalía "estudiará" lo ocurrido y aseguró que "no ha habido" tal documento ni como borrador.