El abogado José María Mohedano, que representa al viceconsejero de Presidencia Antonio Vicente Lozano y a Buenaventura Aguilera, ha criticado este jueves que el interrogatorio de la juez Mercedes Alaya al ex interventor de la Junta “es más propio de un juez inquisitorial y preconstitucional” porque, según ha dicho, la instructora ha “interrumpido sistemáticamente el interrogatorio y cuando el imputado ha dicho algo que no le gusta, ha intentado que lo diga de otra manera”.

El letrado ha manifestado a los periodistas que ha expresado su protesta ante la juez Alaya después de que la magistrada le haya impedido “ejercer el derecho de defensa” de uno de sus clientes, una vez que Alaya le ha indicado que era incompatible que defendiera a Antonio Lozano y a Buenaventura Aguilera porque ambos están imputados en su etapa como directores generales de Presupuesto, algo que el letrado considera que no es correcto. De la misma forma, también ha protestado por declararle “impertinente” una pregunta que, según la juez, ya había sido planteada con anterioridad.

El letrado ha añadido, sobre la forma de interrogar de Alaya, que también supone una forma de vulnerar el derecho del imputado, porque “cercena la espontaneidad del interrogatorio, con permanentes interrupciones, desmentidos y reconvenciones” para reformular la contestación y no dejarle acabar.

Mohedano ha explicado igualmente que el ex interventor Manuel Gómez se ha quejado en varias ocasiones a la instructora de que “no le dejaba contestar” o porque “las preguntas eran muy largas y no se acordaba del principio” cuando la instructora terminaba de plantearlas, por lo que el letrado ha dicho que solicitara que se grabe la declaración cuando le llegue el turno de declarar a sus clientes.

El letrado también ha lamentado que la declaración de hoy haya comenzado con un retraso de 1:45 horas y de que no se consignara los horarios de la misma, como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y ha criticado además que la juez retire los teléfonos a los abogados defensores que asisten a la declaración para evitar supuestas filtraciones.

Según Mohedano, la conclusión que puede sacarse de la declaración del interventor es que se ha producido una “discusión administrativa-presupuestaria sin relevancia penal”.

El letrado del viceconsejero de Presidencia ha criticado igualmente que su recurso de apelación presentado contra la imputación de sus clientes “sigue sin haberse proveído” y trasladado a la Audiencia de Sevilla a pesar de que lo presentó la semana pasada.