La Junta tiene ya prácticamente ultimados los expedientes correspondientes a dos casos de ayudas a UGT-A, afectadas por la trama del desvío de fondos, y reclamará al sindicato la devolución de 1,8 millones de euros. Esta cantidad corresponde tan sólo a dos de los 17 expedientes en curso abiertos por la Junta y de los que la instrucción ha concluido que es la cifra que la central ugetista debe reembolsar a las arcas públicas.

La conclusión de estos dos informes se trasladará antes del 3 de diciembre al gabinete jurídico, anunció ayer el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado. Posteriormente se determinarán "las actuaciones legales que correspondan", agregó el consejero, que hizo el anuncio en respuesta a una pregunta del Grupo Popular sobre las medidas complementarias para la justificación de subvenciones. El objetivo de la instrucción de esos expedientes emprendida por su departamento es "recuperar el dinero y depurar las responsabilidades si las hubiese".

Ante las acusaciones de la parlamentaria popular Esperanza Oña de "amparar" la corrupción en lugar de combatirla, el consejero se mostró visiblemente enfadado, y reclamó al PP "la misma diligencia" que exigen para que la apliquen "a atajar los diversos y variados casos de corrupción".

Sánchez Maldonado aseguró que la Junta y él "si están adoptando medidas" porque cuando conocieron los hechos, de forma "inmediata y responsable", actuaron en base a lo que establece la ley y pidieron "explicaciones" a UGT-A. El consejero agregó que se han abierto "los procedimientos previstos", que lleva el funcionario instructor.

Oña criticó que el discurso contra la corrupción del consejero "está bastante atenuado" y censuró que se le hayan dado tres meses al sindicato para que justifiquen las ayudas.