La contabilidad opaca de Marbella encendió ayer el debate en el juicio del caso Malaya. La Policía registró el 29 de marzo de 2006 Maras Asesores, la oficina central de los negocios turbios del ex asesor de urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca. Allí decomisó numerosos soportes informáticos, entre los que figuraba un archivo con cantidades de dinero adjuntas a un listado de iniciales. Los investigadores sostienen que es la contabilidad B de Roca en la que recogía los sobornos que supuestamente cobraba a los empresarios y los cohechos que pagaba a los ediles para que aprobaran aquello que le convenía.

Este hallazgo es fundamental para mantener la acusación que ha planteado la Fiscalía Anticorrupción. Socavar su validez es vital para las defensas. Si los papeles de Maras se caen, la macrooperación Malaya quedará descafeinada.

El discurso de las defensas se ha centrado en que la validez de esa documentación está bajo sospecha porque no está acreditado que en todo momento estuviera sometida al control del juez y, por tanto, a salvo del riesgo de manipulación. O sea, que se pudo romper la cadena de la custodia judicial.

Esta línea argumental apuntada el lunes por el abogado de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, dio ayer un paso cuando el letrado de la ex edil andalucista de Marbella, María José Lanzat, consiguió que el tribunal le autorizara a visionar un CD incautado por la Policía en Maras. Una de las carpetas informáticas, denominada Ayuntamiento, contiene anotaciones numéricas e iniciales coincidentes con los miembros del equipo de gobierno procesados. La conmoción llegó cuando el letrado Hipólito Marín dijo que la última modificación del documento es el 21 de junio de 2006.

El documento original fue requisado el 29 de marzo de ese año. Supuestamente nunca podría figurar una fecha de modificación de contenidos más tardía. El letrado aseguró que esa disposición de las fechas "quiere decir que hasta el 21 de junio de 2006 no entró en el juzgado. Es decir, estuvo cuatro meses sin custodia judicial". Y resaltó que "hasta esa fecha los archivos eran tratables", es decir, manipulables.

Marín afirmó que "no duda de la honestidad de la Policía", pero ante la duda, el tribunal debe declarar nula la contabilidad B de Roca.

El letrado Ernesto Osuna, defensor del ex concejal Rafael González Carrasco,también tiró de este hilo y volvió a pedir a la sala que autorice entrar en el programa informático Adriano, de uso en la Administración de Justicia, para verificar las fechas de cada uno de los documentos de Malaya y comprobar su recorrido.