La juez Mercedes Alaya citó ayer a declarar por error a Domingo Enrique Castaño, el que fuera asesor del ex alcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín, y a un técnico de la Gerencia de Urbanismo, José Manuel Ferrera, ambos imputados en la causa en la que se investiga la presunta adjudicación "fraudulenta" del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla. 

La juez había citado al ex director de Vía Pública y ex asesor municipal Domingo Enrique Castaño porque, según había expuesto Alaya en un reciente auto, pretendía interrogarle porque "podría haber impedido el pase al servicio de Obras, Proyectos y Actuaciones Infraestructurales para que se acreditara la falta de conclusión de las obras de urbanización" de una parcela de Mercasevilla donde la constructora Sanma había levantado unas naves. 

Castaño, que estuvo en prisión provisional durante casi dos meses tras su implicación en la operación Madeja -sobre su presunto enriquecimiento ilícito y la supuesta financiación ilegal del PSOE-, entró al despacho de la juez y salió en cuestión de tan sólo unos minutos, después de recordarle a Alaya que él abandonó el área de Vía Pública en febrero de 2007, por lo que cuando se concedió la licencia de primera ocupación de esas naves, en febrero de 2008, ya no ostentaba el cargo -en esa fecha había pasado a trabajar para la empresa Duse, vinculada a Sanma-. 

El segundo error de Alaya, más evidente y reconocido por la propia instructora, fue la citación del técnico del servicio de Licencias de la Gerencia de Urbanismo José Manuel Ferrera, citado para que ampliara su declaración pero en realidad la juez tenía intención de haber convocado al también imputado en la causa Alfredo Delmo. La juez ofreció a Ferrera si quería ampliar su declaración, pero el técnico respondió negativamente. 

Como en el caso de Domingo Enrique Castaño, la juez citó a María Victoria Bustamante, la que fuera jefa de servicio de Vía Pública, para que manifestara si había tenido alguna intervención en la licencia, pero esta funcionaria se acogió a su derecho constitucional a no declarar. 

Quien sí declaró ante la magistrada fue el arquitecto Alberto Balbontín Abad, que dirigió la obra de las naves que la constructora Sanma realizó en Mercasevilla y que certificó la finalización de los trabajos. El arquitecto aseguró a Alaya que el director técnico de la constructora le dijo que el problema de la acometida eléctrica ya estaba solucionado, según confirmaron fuentes del caso. 

La juez imputó al arquitecto porque considera que éste hizo constar que la edificación estaba "concluida y apta para su uso", cuando a la fecha de esta certificación aún no se disponía de infraestructura eléctrica. 

El arquitecto, que es el imputado número 18 en la causa en la que se investiga la adjudicación "fraudulenta" del concurso para la venta de los suelos de Mercasevilla, afirmó que el director técnico de Sanma le dijo que existía un certificado de la compañía Sevillana-Endesa donde se garantizaba el suministro eléctrico de la parcela y que suponía un coste de unos 2.000 euros. 

Alberto Balbontín explicó a la instructora que así se lo comentó el director técnico de la constructora, aunque reconoció que él no leyó ese documento de la compañía eléctrica. El arquitecto insistió en que presentó un proyecto para una parcela concreta donde se hallaban las naves, pero no para el resto de los terrenos afectados por las obras de infraestructura eléctrica. Éste fue el único de los cuatro imputados que compareció ayer ante la juez que realmente prestó declaración sobre los hechos investigados.