La Corte de Arbitraje Inmobiliario, auspiciada por el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, comenzará desde hoy viernes a solucionar conflictos que surjan en las comunidades de propietarios, mediante un procedimiento alternativo a los tribunales de Justicia. Con sede en el Colegio de Administradores de Fincas, la Corte de Arbitraje es "un organismo independiente que resolverá en un plazo máximo de cuatro meses los problemas en las comunidades de propietarios", explicó ayer Rafael del Olmo, presidente del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Sevilla.

La Junta de Arbitraje se ocupará de las reclamaciones provocadas por los morosos, de los conflictos que surgen con los proveedores de servicios -cuando los vecinos no están de acuerdo con una obra como, por ejemplo, la reparación de una fachada-; de los desahucios o de otras situaciones complicadas como las diferencias entre inquilinos y propietarios en los arrendamientos. Los problemas entre vecinos como son los motivados por el ruido o por los animales domésticos también centrarán los procesos de este nuevo organismo. Se trata de problemas que pueden ser de poca entidad y que tienen un difícil tratamiento jurídico. Los juicios por estos problemas se suelen prolongar durante un año o año y medio pero pueden eternizarse cuando hay recurso en tribunales superiores.

El arbitraje "es la justicia alternativa, que permitirá frenar el colapso de los tribunales", comentó el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla. Del Olmo recordó, en este sentido, que la Ley Ómnibus apuesta por la creación de nuevos mecanismos, diferentes a los judiciales, para resolver los conflictos que permitan reducir la carga de trabajo a los jueces.

Para iniciar un proceso de arbitraje las dos partes tienen que someterse a la decisión de los árbitros y deben comprometerse a cumplirla. Los árbitros del tribunal recién creado "son conocidos abogados y profesores de Universidad especializados en la propiedad horizontal y asuntos urbanísticos", explicó el presidente de la institución colegial. "La rapidez frente a los procesos judiciales y la economía son dos de las ventajas de esta fórmula alternativa a los juzgados", añadió Del Olmo.

La decisión de los árbitros, el laudo, será firme y contra la misma no se admitirá recurso. Del Olmo incidió en que la aplicación de la futura Ley de Mediación supondrá que cualquier reclamación con un coste menor a los 6.000 euros pasará por este tipo de tribunal.

Son dos los tipos de procesos sometidos al arbitraje: los basados en el Derecho -en las leyes- y los basados en la equidad para resolver problemas que se escapan de la normativa y en los que se utiliza el sentido común o las ideas generales de la Justicia.