La Policía investigará las denuncias que presenten los políticos sobre amenazas y coacciones que reciban de los escraches y decidirá las medidas que adoptar, aunque en ningún caso los agentes actuarán como escolta de los denunciantes. Fuentes del Ministerio del Interior han precisado que, de ningún modo, se trata de poner escolta a esos cargos públicos, sino simplemente de que los denunciantes puedan desarrollar su vida con normalidad.

Algunos dirigentes del PP han denunciado amenazas y coacciones de los participantes en los escraches, término con el que se denominan en Argentina las manifestaciones organizadas ante las viviendas de personas relacionadas con la dictadura y que ahora ha recuperado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para presionar en la tramitación del proyecto de ley procedente de la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago.

Las mismas fuentes han dejado claro que la denuncia de un servidor público, al igual que la de cualquier ciudadano, será investigada por las fuerzas de seguridad, que decidirán las medidas para proteger al amenazado, entre ellas la vigilancia si fuera necesario. De momento, se desconoce el número de dirigentes del PP que han denunciado, aunque fuentes del grupo parlamentario popular cifraron en ocho el número de diputados que han sufrido el escrache.