Los españoles somos, tras los japoneses, los más longevos. Nuestra esperanza de vida es de 83 años. Esta circunstancia, unida a la caída de la tasa de natalidad, han conseguido que la edad media haya subido en esta última década de los 40 a los 46 años, y seguirá subiendo. Que vivamos tantos años es una noticia excelente pero, a la vez, constituye un problemón financiero: demasiados viejos viviendo demasiados años tras la jubilación. Un problema macroeconómico por la dificultad de hacer sostenible el actual sistema público de pensiones, cuya solución derivará en gran medida en uno microeconómico, porque muchos jubilados se encontrarán sin suficientes ingresos para vivir cuando llegue el momento.

No es que sean suposiciones. Algunas reformas están en marcha y vendrán otras. Sus consecuencias están escritas en los documentos que envía el Gobierno a la Unión Europea estableciendo las previsiones para el futuro a muy largo plazo: la tasa de sustitución -porcentaje de ingresos que tiene un jubilado comparado con el salario que obtenía cuando era un trabajador activo- irá cayendo. Si ahora es del 79% del salario por término medio, una de las más altas de los países de la OCDE (la media es del 59%), irá descendiendo poco a poco hasta suponer sólo el 50% por término medio en 2060.

Resulta muy impopular comunicar estas perspectivas, pero, sin embargo, conocer con toda crudeza la realidad es completamente necesario porque nos permitiría reaccionar a tiempo, sabiendo cómo nos afectan a cada uno exactamente las reformas. Según la V Encuesta sobre la Jubilación, realizada por el Instituto BBVA de Pensiones y publicada esta semana, un 81% de los entrevistados reconocen que tienen que ahorrar para la jubilación, pero sólo el 28% ha comenzado a hacerlo.

Los españoles, además, tenemos un sesgo importante hacia la inversión inmobiliaria -el 83% de los hogares tienen una vivienda en propiedad- y somos reacios a las inversiones financieras, como planes de pensiones, fondos de inversión o inversión directa. Así, llegado el momento, si se necesitara completar la pensión pública, y no se tuvieran ahorros suficientes, la solución pasaría por "comerse los ladrillos": vender la casa e irse a otra más pequeña o menos costosa; o seguir disponiendo de ella y conseguir una renta de por vida, mediante la venta a una compañía de seguros o contratando una hipoteca inversa junto con un seguro de renta vitalicia. Pero todas estas posibilidades para utilizar la propiedad como remedio son muy costosas, con numerosos gastos fiscales y sólo para determinado tipo de viviendas.

Se hace fundamental, por tanto, incentivar fiscalmente el ahorro financiero, con reformas como la que se está llevando a cabo con los planes de pensiones. Pero, de forma añadida, y dado que no se cambian las costumbres fácilmente, mejorar y promover nuevas soluciones para que puedan hacer líquidas sus viviendas aquellos que lo necesiten, y más si se encuentran en situación de dependencia. Incluso utilizando la Sareb, que si sirvió para que entidades financieras le dieran salida a sus inmuebles, también puede hacerlo con las personas.