Crónica personal

Pilar cernuda

Paso a paso

Rajoy no era partidario de aplicar el artículo 155, siempre dijo que como respuesta al desafío de Puigdemont iría paso a paso. Lo está haciendo a través de iniciativas judiciales, y ayer fue más lejos al asumir el Gobierno las competencias de Hacienda ante la rebeldía del Govern a cumplir la ley, y los requerimientos a Puigdemont y Junqueras para que informen semanalmente a la Hacienda española de sus gastos, para impedir que un solo euro público sea destinado a preparar un referéndum ilegal.

Puigdemont y los suyos han apostado por el suicidio. El de su futuro político pero también el de su proyecto. El anuncio de que ponían en marcha su propia Hacienda fue el principio de la huida de empresas con sede en Cataluña, incluidas catalanas, porque sus obligaciones tributarias son con la Hacienda española y no quieren tener conflictos que puede situarlas en la ilegalidad si cumplen con la hacienda catalana. Con la decisión de no informar a la Hacienda española sobre su presupuesto, abundan en la inseguridad de empresarios, porque de la rebeldía nunca sale nada bueno. Se puede apostar que sólo los fanáticos tributarán en la hacienda catalana, aun sabiendo que serán perseguidos por la española.

Montoro ha dado 48 horas a Puigdemont para que cambie de actitud, y todo apunta a que el ministro tendrá que esperar sentado. Puigdemont se ha situado fuera de la ley y le importan un bledo las sanciones de los tribunales, ya no tiene nada que perder después de traspasar todas las líneas y tener la certeza de que acabará en prisión por insistir en la prevaricación y la malversación de fondos públicos. Es más, lo busca. Más complicado es el panorama para Junqueras, que quiere verse en el sillón presidencial.

Se ha abierto el debate respecto al acto ilegal de Tarragona con el que se abrió una campaña ilegal de un referéndum ilegal. Ni se suspendió ni actuó la fuerza pública. Si no se actuó con firmeza ante el acto del Tarraco Arena, es porque el Gobierno espera iniciativas más radicales, más delictivas, para reaccionar con sanciones superiores. Es decir, espera un paso de Puigdemont, probablemente previsto, para dar respuesta desde Moncloa con otro paso, también previsto.

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