Las casualidades del calendario festivo -y sobre todo laboral- más la ocurrencia popular, han acuñado un término jocoso para definir los días de esta semana de diciembre: "El puente de la inmaculada constitución". No es más que un juego de palabras, desde luego. Pero, ¿tenemos una Constitución sin mancha alguna o acaso amarilleada por el paso del tiempo y sus inclemencias? ¿Es hoy -como sin duda lo fue en nuestro reciente pasado- la del 78 un puente o, por el contrario, entre unos y otros la hemos convertido en un muro que nos obliga a situarnos a un lado o a otro, irremediablemente?

Somos muchos los que consideramos que el Estado autonómico recogido en nuestra Constitución ha sido un acierto histórico que ha favorecido el auge económico y cultural de España, pero hay que ir al Estado federal, que es más fuerte y estable. Para eso necesitamos una Constitución acorde a las nuevas realidades sociales y políticas de España. Y no es cuestión de juristas y políticos. La relevancia del marco constitucional y su desarrollo en la manera en la que se concibe el diseño de las políticas públicas queda puesta de manifiesto cuando se elaboran los presupuestos, se desarrolla un análisis de la cobertura de necesidades preferentes (salud, educación, vivienda, etcétera) o se determinan los sistemas de acceso al empleo. Un marco constitucional adaptado a los tiempos que vivimos propiciará, mucho más de lo que a veces se cree, una gestión pública más eficaz a la hora de tutelar los derechos de las personas y más capaz de atender satisfactoriamente las demandas de los ciudadanos, garantizar el cumplimiento de los presupuestos, dotar de fluidez a los recursos financieros de modo que permitan poner en marcha las mejores oportunidades de negocio y suministrando servicios de calidad y, en definitiva, prestar un mejor servicio a la ciudadanía.

Sobre la mesa sigue la reorganización del Senado al estilo de cámara autonómicaNuestra realidad es muy distinta a la de hace 40 años, luego hay que decir sí a la reforma

Reforma, sí. Aunque no cualquier reforma. Una reforma que no establezca muros de segregación y sí puentes de cohesión. En lo territorial, claro que sí. Pero sobre todo en lo social.

Sobre lo interterritorial queremos destacar aquí el documento premonitorio Por una Reforma Federal del Estado Autonómico propuesto por un grupo de reflexión creado por el PSOE de Andalucía coordinado por Gregorio Cámara, del que formaron parte -entre otros ilustres profesores universitarios- Manuel Chaves, Carmen Calvo, Pérez Tapias, los Pérez Royo y Sánchez Maldonado, y publicado por la Fundación Alfonso Perales. Y también el documento de trabajo publicado por Papers de la Fundació Rafael Campalans, presidida entonces por Miquel Iceta, en el que participaron también Carme Chacón, Meritxel Batet y Jaume Colboni, entre otros. Llevan tiempo sobre la mesa muchas medidas, bien concretas, como la necesidad de reorganizar el Senado como cámara autonómica a semejanza del modelo alemán o austríaco, la federalización del poder judicial o -nada más y nada menos- que la regulación de la financiación, por poner sólo algunos ejemplos. Puentes frente a muros entre sí y con la Administración central.

En lo intraterritorial, puentes solidarios que superen los muros de la dualidad social blindando constitucionalmente el Estado social e incorpore nuevos derechos fundamentales (salud, seguridad social, ingreso mínimo vital) con medidas concretas y detalladas, como las recogidas en el caso de la Declaración de Granada del Consejo Territorial del PSOE en 2013: "Hacia una estructura federal del Estado". O en las resoluciones del último congreso federal socialista, sin ir más lejos.

Reforma, sí. Pero acorde con nuestra realidad, tan distinta a la de hace 40 años.

La integración de España en la Unión Europea ha hecho que muchas de las tareas reservadas a los niveles nacionales centrales hayan sido abducidas por el nivel continental. El principio de subsidiariedad, netamente europeísta, abunda en la descentralización territorial de los servicios. Así, el papel regulador y de supervisión se centraliza y el papel de gestión se acerca a la ciudadanía. Ya en nuestro Estado de las Autonomías -siamés del estado democrático tras la dictadura, no se olvide esto- son las Comunidades Autónomas las competentes en exclusiva a la hora de gestionar los servicios públicos que dan respuesta a esos derechos básicos: salud, educación, protección social... No se trata de una desconcentración administrativa en "provincias". La Constitución del 78 creó una descentralización de la toma de decisiones, de carácter político. En el ejercicio de su autonomía y respetando los mínimos exigibles, cada comunidad prioriza en sus presupuestos aspectos peculiares de acuerdo con las necesidades objetivas o sentidas por su población. En el Estado federal, la función reguladora, financiadora y supervisora del Gobierno y de los órganos de la administración general adquiere un papel esencial para garantizar la cohesión social intra e interterritorial, velando por la garantía efectiva de los derechos personales de toda la ciudadanía.

Porque, en definitiva, hoy día -desde la perspectiva social- no basta ya con que atendamos dignamente a los más desfavorecidos, a los que nos trae río abajo los ahogos de la crisis, como venimos haciendo desde nuestro Estado del Bienestar: salud, educación, dependencia, salario y servicios sociales… La crisis y su salida desigual nos exige hoy que nos preocupemos más de pensar en lo que está ocurriendo aguas arriba. Evidentemente, dependiendo del punto de vista que adopte cada uno, lo que ocurre aguas arriba puede tener varias lecturas. Algunos pensarán que es la gente la que cae (o salta) al río por sus propios errores; otros, creerán que son empujados de alguna manera; incluso habrá quien considere que todos los caminos conducen inevitablemente al río, o que los que caen son víctimas de su mala suerte, del azar o tal vez de la ira divina... Pero la labor del Estado para preservar la unidad de España no es algo a refregar internamente sino de hacer valer frente a los poderes económicos globalizados que pretenden debilitar la política para imponer sus propios intereses.

Por último, ¿qué más alta competencia del Estado que la de garantizar la igualdad y consensuar un modelo de financiación justo? La labor ejecutiva ociosa debe ser sustituida en la administración general por el impulso de las tareas de los organismos de carácter intersectorial, dotándolos de recursos económicos y financieros incentivadores de la acción concertada entre los diferentes niveles. Los servicios públicos básicos deben -sin duda y sobre todo desde una orientación de izquierdas y federal- ser garantizados en todo el territorio español por el Estado. Tendiendo puentes de cooperación y no muros recentralizadores.