Standard & Poor's rebajó la calificación de la deuda soberana venezolana a corto y largo plazo en moneda extranjera al nivel de default/selective default, lo que significa que existe una alta probabilidad de que, al menos una parte de ella, deje de pagarse en el futuro y mayores dificultades para financiarse en el exterior. Ocurrió después de no hacer frente a un compromiso de pago de intereses y del fracaso de una reunión con acreedores para la reestructuración de una deuda de 60.000 millones de dólares, ordenada por su Presidente Nicolás Maduro. La culpa, según su habitual retórica populista, la tienen la guerra declarada por los Estados Unidos a la economía venezolana, la oposición política dentro de su país y los precios del petróleo. Los mismos culpables de los graves problemas que padece el país, incluido el desabastecimiento de productos básicos, puesto que si no pueden importarse es porque el pago de la deuda y sus intereses han dejado exhaustas sus reservas en divisas.

En 2005, el Gobierno venezolano decidió comenzar utilizar las reservas excedentarias en divisas en el banco central y ahora están agotadas. Según esta institución, en los últimos seis años las reservas han caído desde 30.000 millones de dólares a 10.000, el nivel más bajo en lo que va de siglo, de las que tres cuartas partes están en oro. Es cierto, sin embargo, que a pesar de sus problemas financieros y de liquidez, Venezuela había cumplido hasta ahora con sus compromisos, aunque con retrasos y dificultades. Rusia y China han sido sus principales apoyos, aunque en condiciones onerosas que normalmente implican pagos en especie (petróleo). Se especula sobre el límite hasta donde ambos estarían dispuestos a soportar, aunque estrechar compromisos ventajosos con el país con mayores reservas de petróleo del mundo resulta de lo más interesante, aunque la percepción del riesgo esté en niveles insoportables. Tres años de recesión, con la inflación por encima del 1.500%, que podría duplicarse en 2018, y las sanciones impuestas por la nueva administración norteamericana, que impiden sentarse a negociar con el gobierno venezolano o con la empresa pública que explota sus recursos petrolíferos, dibujan un escenario financiero complejo, en el que la reestructuración de la deuda podría no ser viable ni suficiente.

El Gobierno podría hacerlo, siempre que se mantenga dentro del límite autorizado por la Asamblea Nacional. Puesto que ésta no ha tenido oportunidad de establecerlo, un futuro gobierno podría rechazar el reconocimiento de cualquier nuevo compromiso. Por otra parte, en un país donde el 95% de las divisas proceden de las exportaciones, la reducción en la capacidad de producción añade todavía más dificultad. Por primera vez en 28 años, durante el pasado mes de octubre se extrajeron menos de dos millones diarios de barriles, que es un 35% menos que hace dos años y una evidencia palmaria de graves problemas estructurales, cuya solución no aparece en la agenda política del Gobierno. Desgraciadamente la principal, y casi única, causa de que Venezuela sea uno de los países que peor funcionan del mundo es que su gobierno también es uno de los que peor funcionan.