ésta es la misión del juez Andreu, encontrar la verdad sobre la salida a Bolsa de Bankia. Bien difícil lo tiene, porque no debe valorar a toro pasado, sino remontarse a ese momento y valorar en aquella fecha, cuando el futuro era incierto. No sólo Bankia, casi todas las cajas tenían sus balances cuajaditos de activos inmobiliarios que cada vez valían menos; con una morosidad que iba in crescendo; desarrollando su actividad en una economía tan deteriorada que había secado el negocio financiero; y sometida a un listón de solvencia que el Comité de Supervisión de Basilea iba progresivamente subiendo.

La dificultad de valorar se observó con los test de estrés que se aplicaron a los bancos europeos: arrojaban unas necesidades de capital para un escenario adverso, y en la siguiente tanda de test -a los pocos meses- los recursos necesarios eran mucho mayores, porque el escenario adverso ya no era una horrible posibilidad, era lo que se estaba viviendo. El proceso destructivo se conocía: la intensidad y la duración del mismo, complicado saberlo.

Las soluciones que se tomaron para resolver el problema de las cajas fueron todas a la desesperada, obligándolas a convertirse en bancos, a emitir preferentes, y a fusionarse entre ellas, como si con el tamaño la insolvencia se disolviera. Bankia, resultado de la fusión fría de siete cajas, necesitada de recursos, tomó la controvertida decisión de salir a Bolsa. Y no se acudió sólo a inversores institucionales, con capacidad propia para enjuiciar los riesgos, sino que se involucró al inversor pequeño, utilizando la red de sucursales y con una gran campaña publicitaria: con 1.000 euros basta. Ahora se tendrá que determinar si se manipuló la situación real de la entidad y cuáles eran exactamente las previsiones que se manejaban. En definitiva, si se utilizó a conciencia al inversor minorista, si hubo o no hubo estafa.

Casi cinco años después de aquel toque de campana, la Audiencia Nacional ha obligado al juez por "indicios múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad" a tomar declaración como investigados a los que autorizaron esa decisión: al gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al subgobernador, Fernando Restoy y a toda la cúpula del Banco de España de aquella etapa. También tendrá que declarar Julio Segura, el presidente por entonces de la CNMV.

Estas imputaciones son consecuencia de los famosos correos de José Antonio Casaus, inspector del Banco de España, en los que manifestaba a sus superiores serias dudas sobre la conveniencia de la operación, porque "podía suponer grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes". Resulta difícil admitir que desoyeran sus advertencias. Más bien invita a pensar que los supervisores recibieron presiones políticas para que aceptaran. Con los 3.092 millones de euros que se captaron se calmó el problema un tiempo, pero finalmente se impuso la realidad técnica, fría y calculada de Casaus, y 22.424 millones de euros del contribuyente se destinaron a nacionalizar Bankia. Que se llame también a Elena Salgado y José Luis Rodríguez Zapatero, ministra de Economía y presidente del Gobierno por entonces: sus declaraciones son necesarias para que la verdad sobre el caso Bankia sea desvelada.