EL pasado viernes, el gobierno aprobó una subida de los impuestos especiales sobre el tabaco y la gasolina, en la que puede ser la primera de otras elevaciones en los próximos meses.

¿Cómo encaja esta medida en el contexto de la actual crisis? Una subida generalizada del IVA, que ha sido reclamada por las Cámaras de Comercio en días pasados, podría generar dos efectos negativos. Primero, un aumento del fraude fiscal, como ya ocurrió a principios de la década pasada cuando se elevó ese impuesto después de la Expo 92, con lo que la pretendida mayor recaudación se tornó, en realidad, en otra menor. Y en segundo lugar, un menor consumo y un mayor deterioro del crecimiento, agravando la crisis.

Se han elegido dos productos que presentan una menor respuesta -elasticidad- a la subida de precios -vía mayores impuestos- que el resto. Además, los dos presentan una fiscalidad muy controlada por el Estado, lo que elimina la posibilidad de fraude fiscal.

Pero, en todo caso, ¿no se trata de estimular la actividad económica a través del incremento del gasto público y/o de la reducción de impuestos? En realidad, la señal que está emitiendo el gobierno es que empieza a preocuparle el enorme déficit público que este año y los próximos presentarán todas las administraciones.

Como señal de alerta, los tipos de interés sobre la deuda a diez años están elevándose. Dentro de un área monetaria como la del euro, en donde la disciplina monetaria y fiscal la impone Alemania, creemos que esa elevación no contiene un elemento importante de una futura mayor inflación. El mercado cree que no se producirá una inflación elevada -digamos, entre el 5% y el 15%-. Sin embargo, sí está reflejando el mayor riesgo derivado de un endeudamiento público muy elevado que habrá que pagar en condiciones difíciles. Ese es el motivo principal del diferencial de la deuda española respecto de la alemana.

Ahora bien, una inflación futura no muy elevada significa que la carga de la deuda no se reduce, porque no sufre el desgaste monetario derivado de la inflación. La carga de la deuda será, por tanto, elevada y cara.

Estos escenarios deberían conducir a partir de ahora a un análisis muy preciso de las consecuencias que deparan cualquier iniciativa de gasto público, porque, en otro caso, nos podemos encontrar en la siguiente situación. Un crecimiento negativo muy reducido, incapaz de crear empleo a un ritmo significativo y un gobierno que carecería ya de recursos para acometer gastos adicionales. Este argumento es válido tanto para el gobierno central como para los autonómicos.

En la entrevista audiovisual que ayer concedió Elena Salgado al Financial Times, defendió la estrategia de invertir los recursos acumulados de la Seguridad Social -unos 60.000 millones- en deuda pública española. Esa estrategia es un placebo, porque garantiza hoy la colocación de deuda española, pero puede convertirse en un veneno, al concentrar extraordinariamente esos recursos en deuda pública española en el futuro.