Editorial

Acierto judicial

E L pasado 30 de enero avanzamos que el Tribunal Supremo estaba sentando jurisprudencia con sentencias que endurecían las penas impuestas a los agresores de médicos, al considerarlas no sólo delito de agresión sino también de atentado a la autoridad, y apuntábamos que esta ampliación del concepto de orden público abría la vía para que se pudieran penalizar otras conductas que afectaran a funcionarios de la Administración. De forma premonitoria exponíamos: "El siguiente paso, por analogía, podría ser considerar también como delito de atentado la agresión a los profesores de enseñanza en los centros públicos". Ese augurio se ha cumplido tristemente en nuestra propia ciudad al decidir un juez de Menores tramitar como delito de presuntas amenazas y atentado contra un funcionario durante el ejercicio de su labor en un centro público la agresión no consumada y las amenazas de muerte vertidas por un alumno menor de 14 años contra su profesor de Latín en el instituto La Paz (Rochelambert). El juez, como medida cautelar antes de la celebración del juicio, le ha impuesto una orden de alejamiento que implica el traslado del alumno maltratador a otro centro educativo y le ha prohibido que se acerque a menos de 500 metros de su antiguo instituto y del docente agredido. Tanto la calificación del hecho como la orden de alejamiento nos parecen un acierto. Y como, desgraciadamente, no es éste un caso aislado sino la repetición de muchos otros de violencia en las aulas que vienen provocando el desánimo de los profesores, el eco nacional alcanzado por la decisión del juez va a tener sin duda un efecto ejemplarizante y disuasorio entre los menores que sólo saben expresarse a través de conductas violentas. Compartimos el llamamiento del Defensor del Menor de Andalucía en el sentido de que hay que proteger la identidad del menor y de su entorno, porque la finalidad última de las medidas adoptadas ha de ser su reeducación y su reinserción, pero también hay que destacar que la primera prioridad de la sociedad y de la Justicia ha de ser la protección a las víctimas y, en este caso, la víctima ha sido el profesor.

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