la tribuna

Eduardo Osborne Bores

Ajustes al bienestar: teoría y realidad

LA política de ajustes emprendida por el Gobierno de Mariano Rajoy a fin de equilibrar las cuentas del Estado y reducir el déficit para cumplir las duras exigencias impuestas por Bruselas y los mercados, viene siendo objeto de fuertes críticas no sólo de la oposición sino también de otros actores sociales. Siguiendo el guión de otros países como Reino Unido, mucha gente muestra su disconformidad con las reformas, tanto más crudamente cuando éstas afectan a la médula de nuestro estado del bienestar. Aún no cerradas las heridas de la reforma laboral, el debate se ha recrudecido con las reformas y ajustes planteados en Educación por el ministro Wert, ya convertido en el ministro peor valorado en las encuestas.

En principio, las medidas contenidas en el denostado decreto tienen el mismo objeto y estructura que otras tomadas en otros ámbitos: se trata de optimizar los (reducidos) recursos públicos de los que se dispone en relación con las necesidades educativas, colegiales o universitarias. Resumidamente, se dispone una fuerte subida de las tasas de matrícula para los estudiantes universitarios, que lógicamente redundará en un mayor ingreso; y se recortan gastos en aspectos principales de la educación, como la investigación y docencia.

Tratándose la educación de un derecho constitucional fundamental, y siendo por tanto material sensible, la reacción no se ha hecho esperar, mucho más virulenta en los ámbitos universitarios. Enorme resonancia han tenido las protestas protagonizadas por un importante número de estudiantes, que han culminado en la convocatoria de paros académicos (vulgo huelgas) en distintas universidades del país, con el apoyo explícito de profesores, partidos políticos y hasta de los sindicatos. Las universidades generalmente han respetado la decisión de los alumnos (entre otras razones el paro es un derecho recogido en los diversos reglamentos), y para rematar el cuadro los rectores reunidos han llegado plantar al mismísimo ministro.

Los argumentos de los disidentes no difieren mucho de lo que ya han venido sosteniendo en otras ocasiones, como con motivo de la aprobación de los nuevos planes de estudio para la educación superior comúnmente conocidos como plan Bolonia. La política de recortes decretada por el Gobierno es vista como un ataque a la universidad pública, que perdería poder en beneficio de la privada. Siguiendo esta línea argumental, la subida de tasas y la revisión de la política de becas afectan a la capacidad económica de los estudiantes con menos recursos, peligrando su acceso a la universidad en clara desigualdad con otros con mayor poder adquisitivo.

Es evidente que los ajustes al presupuesto, en el ámbito que sea, siempre suponen una mala noticia, y condicionan la prestación del servicio afectado. No tengo tan claro, sin embargo, que una subida de tasas moderada, con una adecuada política de becas, conlleve las consecuencias catastróficas que anuncian los contrarios. Aun así, no tengo suficientes conocimientos para dar una opinión contundente al efecto, y en cualquier caso el tiempo dirá si tienen razón unos u otros.

Lo que sí tengo claro es que, una vez más, se aborda un problema relacionado con la Educación con un enfoque erróneo. En mi opinión, la mejor defensa de la universidad pública es su calidad, y precisamente ésta es lo que está más en juego hoy. También, de lo que menos se habla. La falta de eficiencia en la gestión de los recursos y las políticas públicas expansivas de creación de centros en todos sitios afectan a la calidad del servicio, con el riesgo añadido de devaluación del título. Desde siempre, las universidades públicas se han caracterizaban por su exigencia y por su rigor, acopiando un prestigio que no deben ni pueden perder.

Lo peor que le puede pasar a un estudiante, y más si tiene un buen expediente, es que cuando finalice sus estudios el título obtenido no le sirva a sus expectativas. Probablemente, se verá obligado a cursar un máster u otro estudio de posgrado con unos costos son más elevados, y entonces sí que los alumnos con más recursos juegan con ventaja. Y en este punto, me pregunto ¿no era nuestra incorporación al plan Bolonia ya referida una ocasión más propicia para las protestas?

En el fondo, esta controversia no es más que una extrapolación de la eterna discusión sobre la persistencia en la sociedad de hoy del Estado como estado protector, procurador de derechos. La realidad, sin embargo, es bastante más prosaica, y las noticias de cada día nos ofrecen un panorama poco propicio para cualquier sistema que no aúne criterios de viabilidad y eficiencia. El difícil equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe, en una sociedad cada vez más global y competitiva, deben marcar el objetivo en el marco de un Estado de derecho. De lo contrario, la protesta legítima corre el serio riesgo de quedar en un mero ejercicio de voluntarismo.

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