CUANDO hace un año el Ministerio de Administraciones Públicas publicó las Cuentas Públicas Territorializadas de 2011 (conocidas como Balanzas Fiscales), la mayoría de los medios de comunicación interpretó, erróneamente, que Andalucía era la comunidad más beneficiada porque presentaba el saldo de mayor cuantía y que Madrid era la más perjudicada, justo por lo contrario. Pocos se tomaron la molestia de relacionar las cifras con el PIB o de adentrarse en el análisis detallado de los componentes de la balanza. Si lo hubieran hecho podrían haber comprobado, por ejemplo, que el gasto público por habitante en Andalucía era de los más bajos de España, lo que podría haberse interpretado como indicio de que los servicios públicos a los andaluces fueron inferiores o peores que en otras comunidades. Es lo mismo que se deduce de los resultados del ejercicio para 2012 (el último año para el que se dispone de presupuestos liquidados), puesto que Andalucía vuelve a presentar el saldo positivo más abultado, 8.531 millones euros, equivalente al 6% del PIB (7.421 millones, el 5,24% del PIB, en 2011). En esta ocasión las valoraciones están siendo más prudentes y la mayoría ha observado que, en relación con el PIB, el resultado para Andalucía es similar al de Castilla-La Mancha e inferior a los de Galicia, Asturias, Extremadura y Canarias, aunque no esté siendo suficiente como para desterrar la falsa impresión de privilegios fiscales.

La contribución de los andaluces a los ingresos del Estado equivale al 91.8% de la media de las comunidades de régimen común (92.7%, si las competencias fuesen homogéneas), debido a que los ingresos medios son también inferiores. Si el sistema es neutral, dos individuos en idénticas circunstancias económicas deberían recibir un tratamiento fiscal similar, independientemente de donde residan. Si además fuese progresivo, la recaudación debería reflejar las diferencias territoriales en los ingresos por habitante, lo que sugiere indicios de regresividad fiscal (el ingreso por habitante en Andalucía es inferior en un 25% a la media española), que resultan mucho más evidentes cuando se observa la distribución del gasto público.

Si el reparto hubiese sido estrictamente proporcional a la población, el gasto público en Andalucía durante 2012 habría sido superior en 4.295 millones de euros, es decir, 509 euros más por andaluz. Es significativo que todas las regiones donde la diferencia con la media española es positiva estén situadas en la mitad septentrional de la península (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, La Rioja y Castilla y León), mientras que las diferencias negativas se registran en el levante (Baleares, Valencia y Murcia) y en el sur (Castilla-La Mancha, Canarias y Andalucía). Entre todas ellas Madrid, cuyos ciudadanos reciben algo menos que la media española (355 euros menos), aunque más que los andaluces. De cara al futuro, los indicios observados a través de los presupuestos iniciales para 2013 y 2014 apuntan a que todo puede ser peor, puesto que en ambos casos Andalucía ha sido la comunidad con menor nivel de gasto presupuestado por habitante.