Editorial

Ayuntamientos autónomos y financiados

EL Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado esta semana un importante paso para lograr que los ayuntamientos dejen de ser los parientes pobres de la organización estatal democrática de la que goza España desde que entró en vigor la Constitución de 1978. Hay un amplio consenso político y social respecto a que la descentralización local es la asignatura pendiente de esa arquitectura institucional del Estado. Al articular el Estado de las Autonomías, éstas recibieron innumerables competencias, la gran mayoría de las del Gobierno central, pero no siguieron descentralizando hacia abajo. Pese a ello, los ayuntamientos prestan muchos servicios que no son de su estricta competencia. La nueva legislación andaluza viene a poner orden en este desaguisado. El Ejecutivo de la Junta ha variado de criterio respecto a esta cuestión. Durante estos tres decenios siempre defendió que el pacto local tenía que ser de ámbito nacional; ahora, empero, ha decidido hacerlo por su cuenta en su territorio. Es bueno que Andalucía tenga ayuntamientos autónomos y financiados, que exista seguridad jurídica sobre cuáles son sus competencias y su correspondiente dotación económica. La futura Ley de Autonomía Local de Andalucía pone negro sobre blanco hasta 29 competencias de los ayuntamientos y fija también las de las diputaciones. Es un texto legal detallado y que supondrá un avance sobre todo clarificador. Muchas de esas competencias las ejercen ya a diario los 800 municipios andaluces, pero con esta ley, que sería deseable que se debatiese con generosidad en el Parlamento para aprobarla con consenso, la práctica se convertirá por fin en norma. No se conoce tanto cómo será la futura ley de participación en los tributos de Andalucía. Sí sabemos que se creará un fondo de nivelación no finalista que reforzará la autonomía municipal para decidir en qué gastan sus recursos pero cuya cuantía no se ha fijado. Los planes del Gobierno andaluz son ir aumentando paulatinamente la cantidad hasta llegar al máximo que se fije. Y eso durará demasiado tiempo: cuatro años. Al menos cada vez que crezca en ese cuatrienio se establecerá un nuevo suelo. En cualquier caso, la cesión de los tributos autonómicos no resolverá totalmente las gravísimas carencias financieras de los ayuntamientos, que también deben asumir que han de esforzarse en el control del gasto corriente. Seguirá pendiente una revisión por ley de la Participación en los Ingresos del Estado que termine de cerrar un círculo esperemos que virtuoso.

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