Editorial

Balanzas fiscales

EL PP ha reprochado a la Junta que por vez primera apoye el anuncio de Solbes de publicar las balanzas fiscales. A juicio de los populares, esa divulgación abre la puerta "para que nos quiten el dinero, nos quiten recursos y recibamos menos inversiones", ya que Zapatero habría cedido a las presiones de los nacionalistas. Es evidente que, como denuncia el PP, el Gobierno socialista ha sido sensible a las exigencias de los nacionalistas catalanes por lo que pudiera ocurrir tras el 9-M, ya que tanto CiU como ERC ponen como condición sine qua non para apoyar a Zapatero en una hipotética investidura que previamente debe divulgar lo que aportan al Estado y reciben del mismo las comunidades autónomas. Aun conociendo la intencionalidad política de CiU y ERC, por principio y por transparencia (¿no es acaso la libre circulación de la información uno de los rasgos de una democracia plena?) creemos que no se deben ocultar ningún tipo de datos, aunque a priori parezca que nos perjudiquen, que no será el caso. Aunque se han usado dos metodologías de cálculo -una de flujos económicos y otra de incidencias económicas-, todos los estudios apuntan a que Cataluña paga más de lo que recibe, al contrario que Andalucía. Es de pura lógica en los dos casos: Cataluña es una región que gracias en buena parte al proteccionismo textil e industrial, a una mano de obra inmigrante barata -la nuestra- y a su propio esfuerzo goza de una renta per cápita superior a la media. Andalucía es la penúltima comunidad en renta, pero como bien dice el consejero Griñán, en su saldo fiscal no es la segunda que más recibe, porque hay otras que siendo más ricas perciben más transferencias estatales que nosotros (Extremadura, las dos Castillas, Asturias, Galicia, Canarias) y ello va a quedar claro con las balanzas fiscales. A partir de ahí no podemos aceptar el uso de las balanzas como chantaje político (publicarlas ahora so pena de no votar a Zapatero)ni como clave para un nuevo sistema de financiación en que se pretenda recibir lo mismo que se aporta obviando el papel redistribuidor del Estado y el principio de solidaridad (artículo 2º) de nuestra Constitución.

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