EL alcalde anunció ayer que ha ordenado a sus Servicios Jurídicos que inicien de oficio la tramitación de un expediente para que el Ayuntamiento indemnice a los familiares de la mujer atropellada en el paso de cebra de la avenida de Hytasa. Monteseirín justifica la tramitación de oficio no porque aprecie que haya habido "una responsabilidad subjetiva" por negligencia o error de ningún servicio municipal, sino una "responsabilidad objetiva", como ha recordado que ya hizo con las víctimas del derrumbe del muro del Bazar España. Por más vueltas que le dé el alcalde, esta decisión implicaría una indemnización por reconocimiento implícito de mal funcionamiento de un Servicio Público. La misión del alcalde, empero, es la administración de los fondos públicos y no asumir una culpabilidad no declarada aún por la Justicia. Recuérdese que cuando Monteseirín sostuvo esta misma tesis en el caso Bazar España provocó una de las mayores crisis del ayuntamiento de coalición PSOE-PA, porque dejaba a los pies de los caballos a la Gerencia de Urbanismo y, de paso, a sus responsables políticos de entonces, los andalucistas. En el Bazar España, el muro derrumbado por el viento era en parte propiedad del Ayuntamiento. En el mortal atropello de Hytasa, el Ayuntamiento ha sostenido sotto voce que, tal como especifica el Código de la Circulación, en ausencia de señalización vertical (el semáforo), rige la señalización horizontal, y que en este caso existía un paso de cebra que el camionero no habría respetado, de lo que se colegiría la exclusiva responsabilidad de aquél. Si el alcalde ordena indemnizar a los familiares, se adelanta al dictamen de la Justicia, que podría fallar en contra del camionero y obligar por tanto a que sea su compañía de seguros la que pagara. ¿Por qué el alcalde no espera y carga ahora sobre el bolsillo de todos los sevillanos esta factura? Quizás con ánimo de acallar la polémica, pero en tal caso está reconociendo deficiencias en los Servicios Municipales, sea Movilidad o sea otro, y en Democracia eso implica la exigencia de responsabilidades políticas.

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