EL Tribunal Constitucional revocó la sentencia que había dictado el Tribunal Supremo y permitió a Bildu presentarse a las elecciones municipales. Juristas han señalado que el TC, enmendando la plana al TS, había entrado en la valoración de las pruebas efectuadas por el TS y que esto no le corresponde. Por ello se ha tildado su sentencia de antijurídica, aunque goza del privilegio que, por no tener a nadie por encima de él, ningún otro órgano judicial puede declarar esa antijuricidad. No es la primera vez que el TC entra en el terreno de los hechos y enmienda la plana al TS, si se recuerda que a la señora Preysler le mejoró la indemnización que había obtenido por la publicación en una revista de datos relativos a su intimidad, al no parecerle suficiente la establecida por el Supremo.

Pero, además de antijurídica, la sentencia ha sido calificada de política; esto es, que ha sido dictada a conveniencia de los que deseaban que Bildu se presentara a las elecciones, como un paso para la normalización de los problemas del País Vasco. Aunque políticos hay muchos, sólo los del Gobierno y su presidente tienen la influencia necesaria para lograr que se dicte una sentencia conveniente. El desafortunado, por imprudente, pronóstico de Zapatero de que la sentencia del TS tendría arreglo y que hizo a un parlamentario vasco, que no se recató de contar a todos la confidencia que había recibido y el estrecho margen por el que la sentencia salió adelante, podría justificar esta acusación de "sentencia política"

Las elecciones se celebraron y el resultado fue que Bildu recibió más de 300.000 votos, los que le permitió obtener un ciento de alcaldías, muchos concejales y, sobre todo, el Ayuntamiento y la Diputación de San Sebastián. Si la bandera española ya no ondeaba en muchos ayuntamientos, ahora el retrato del Rey ha sido descolgado del salón de plenos del de San Sebastián y no es aventurado decir que cundirá el ejemplo. Las corporaciones donde gobierna Bildu piden que se limite la presencia de la Policía, militares y Guardia Civil en el País Vasco y prohíben la entrada de las escoltas.

Disfrutará Bildu de 900 millones de euros y de la información económica y financiera de Guipúzcoa. Muchos reclaman la aplicación de la Ley de Partidos Políticos, que podría dar lugar a su ilegalización y piden que el ministro del Interior y candidato del PSOE a las próximas elecciones generales actúe. Se le puede conceder que no fue él, sino el TC, el que cambió la sentencia del TS, pero no se le podrá consentir que, si se produce por parte de Bildu una clara violación de la Ley de Partidos Políticos, mire para otra parte y no inicie las actuaciones que procedan.