Hoja de ruta

Ignacio Martínez

Boicot al Constitucional

EN la confrontación virtual que juegan a diario los dos grandes partidos españoles, el PP está perdiendo por goleada la renovación de los órganos de los jueces. Perdiendo, desde el punto de vista ético. El presidente Zapatero ha tenido la categoría de designar como presidente del Consejo General del Poder Judicial a un juez que no es de su cuerda ideológica, Carlos Dívar. Este magistrado ha demostrado desde la presidencia de la Audiencia Nacional rigor, buen juicio e independencia. Bienvenido sea al CGPJ, órgano desprestigiado por el rodillo popular ejercido durante el final del mandato de Aznar y toda la legislatura 2004-2008, en la que el PP impidió su renovación. Al contrario que ZP, Rajoy ha colocado de vicepresidente de este órgano a un dirigente de su partido: el ex consejero de Justicia en el Gobierno regional de Valencia, Fernando de Rosa.

Y a continuación, los populares pretenden imponer en el nuevo Tribunal Constitucional a dos de los más intransigentes miembros del CGPJ saliente: su presidente, Francisco José Hernando, y su portavoz, Enrique López. En los años de hierro del CGPJ presidido por Hernando se han producido arbitrariedades impropias de países democráticos. Por ejemplo, el nombramiento de jueces conservadores para todos los puestos, hasta que el Gobierno cambió el sistema de designación. Hernando se permitió, en marzo de 2006, no comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, incumpliendo el artículo 109 de la Constitución. La militancia política es libre en este país, pero su práctica sectaria debería estar desterrada en las instituciones del Estado. El ascenso de Hernando al Tribunal Constitucional es una trágala que los socialistas hacen bien en rechazar. Este magistrado tuvo la ocurrencia, para denigrar la lengua catalana, de considerarla una peculiaridad étnica, similar a las sevillanas en Andalucía. No sé qué me parece más ofensivo.

Hernando y López se han manifestado contra los matrimonios homosexuales o el Estatuto de Cataluña, lo que les haría recusables desde el minuto uno de su entrada en el TC. El empecinamiento del PP en este caso, recuerda algunos de los episodios más duros del equipo de Rajoy en la anterior legislatura. Las explicaciones de María Dolores de Cospedal suenan como las diatribas de Acebes o Zaplana: nos dice que esto es lo que hay. Es probable que su partido quiera seguir jugando con el TC como tercera cámara legislativa, prorrogando el mandato del actual Tribunal, cuya composición les es más favorable que la próxima. Pero es un triunfo pírrico, porque desacredita a su organización. Si tanto les valen Hernando y López que los presenten en sus listas en las próximas elecciones. Harían, sin duda, un buen papel de diputados. Pero los órganos jurisdiccionales de un país democrático no deberían servir para hacer política partidista.

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