NO hay que tomar medidas: hay que cambiarlo todo. Es la economía del incendio, como el incendio de las economías: antes de seguir poniendo parches, a modo de reformas, cortafuegos, propósitos de enmienda, golpes de pecho contra el imponderable de nuestra sierra en llamas, grandes discursos dichos al regreso del túnel de Bruselas, de nuestra economía quemada, hay que reestructurar todo lo anquilosado, abolir la memoria del despilfarro activo: despilfarro de nuestros fondos públicos, pero también de todo el patrimonio forestal abatido. Hay que volver al Derecho Romano: pero no al fundador del Derecho Civil, sino a las Doce Tablas: al que meta la mano en la caja común o en el monte común, también tajo común, amputación, aunque sólo sea patrimonial, para que nadie piense que los saqueos, al final, siempre salen rentables.

Antes de tomar nuevas medidas, como las que ha anunciado Mariano Rajoy, sin precisarlas, hay que acabar con la corrupción. Tajantemente. Es indignante desde cualquier punto de vista -político, ciudadano y jurídico, pero también ético y moral- que se esté recortando en Educación y Sanidad mientras continúa la sangría de los cargos públicos, de las instituciones estériles, de las diputaciones convertidas en esos mausoleos, pabellones de caza, en los que se retiran los viejos cazadores de la presa común para ser relojeros del erario público, mientras cuentan las horas para volver al tiempo. Es vergonzante, doloroso incluso, que antes de pensar en cualquier nueva medida no se articulen, con el debido consenso entre todos los partidos, unas nuevas normas de convivencia democrática, un nuevo sistema de garantías jurídicas, que haga más difícil, por no decir imposible, este aluvión de nuevos casos de corrupción que nos asolan: empezando por los ERE fraudulentos y acabando con el ramo político de la trama Urdangarín. Nadie quiere ponerle el cascabel al gato, y seguramente la oposición, de estar ahora en el poder estatal, tampoco estaría haciendo algo demasiado diferente a lo que se hace hoy. Pero se revela imprescindible convocar un pacto de Estado, imponer una nueva responsabilidad patrimonial no ya por el robo a mano armada -esto ya existe, vía penal-, sino también una responsabilidad patrimonial subsidiaria para el caso de la gestión nefasta de los fondos públicos, para que aquí se sepa que el despilfarro, la ostentación, el timo y la mediocridad no quedarán impunes.

Se nos vacían las arcas. Se nos queman los montes. Cada verano igual. Y nunca pasa nada. Vamos hacia el desierto: paisajista y político. Y venga a inventar normas. Y venga a poner parches. Porque todo es lo mismo: el incendio arrasado de nuestro patrimonio, todos nuestros recursos naturales y económicos. Teniendo en cuenta las multas, quemar sale rentable: como destruir el litoral, levantando engendros de diez pisos, si el Gobierno amnistía a los edificios. No hay futuro sin regeneración.