DECÍA Abraham Lincoln que para ganar un adepto hay que convencerlo primero de que eres su amigo, y aquí es donde los partidos políticos que compiten en los comicios electorales del próximo domingo lo tienen más difícil. Los partidos deben pensar que pretender a estas alturas convencer a la ciudadanía de que los políticos pueden ser sus amigos es prácticamente imposible. Mucho más fácil es lo contrario, es decir, convencernos de que el rival es tu enemigo y que hay que impedir su victoria por todos los medios, previa advertencia de que sus planes de gobierno están cargados de una perversidad extrema, casi grotesca, que persigue el beneficio de unos pocos, a costa de perjuicio de la mayoría.

La cuestión es que las razones para no votar a una formación son mucho más poderosas que las que se esgrimen en su favor y que el ciudadano anda huérfano de propuestas en positivo y completamente desconcertado ante el final de la crisis económica y la evolución del desempleo, así como por la proliferación de los casos de corrupción política. Se argumenta que la condescendencia electoral con la corrupción se debe a que todas las formaciones están afectadas por el problema y que el fuego cruzado de votos de castigo se cierra con saldos que en ningún caso resultan demoledores para ningún partido y termina favoreciendo la pervivencia del modelo y de sus estructuras. También se dice que, tras la desactivación del movimiento 15-M, sólo un alto grado de desmovilización ciudadana podría llevar a los partidos a modificar sus relaciones con la sociedad, en el sentido de mayor transparencia institucional en materia de responsabilidad frente a errores y compromisos electorales.

Si me dejan hacer lo que me da la gana, haré lo que me dé la gana y además sacaré provecho de ello, que es lo que parece que han debido pensar los responsables públicos e institucionales que en estas fechas llenan las portadas de los periódicos en sus visitas a los tribunales. En estos casos será la justicia quien determine responsabilidades y compensaciones a la sociedad, pero en otros en los que no han existido comportamientos delictivos, los perjuicios derivados de las decisiones erróneas de los responsables públicos suelen quedar impunes.

La idea de gobernanza global o de código ético en la gestión de organizaciones complejas en un mundo globalizado surge precisamente de la necesidad de limitar las repercusiones sociales adversas de las decisiones que proporcionan beneficios exclusivos. En realidad, se trata de una reclamación frente a unos mercados que establecen condiciones de competencia con frecuencia hostiles con los derechos de las personas y con la sostenibilidad del planeta, pero que son fácilmente trasladables a la competencia electoral. La adaptación del concepto de gobernanza a la acción política lleva a P. Le Gales a proponer la revisión de las relaciones entre el Estado, los mercados y la sociedad civil que, en lo relativo a competencia electoral, afecta a cuestiones como la elección de las élites dirigentes, la representación de los ciudadanos, la formulación de los problemas públicos o la participación de los grupos de presión.