crónica personal

Pilar Cernuda

Contratados

DE fondo, los gritos de protesta del puñado de funcionarios de los Nuevos Ministerios que se han echado a la calle, al Paseo de la Castellana, para expresar su disconformidad con las medidas anunciadas por Rajoy; sobre la mesa, unos folios de distintas procedencias en los que aparecen datos concretos, oficiales, sobre salarios de personal contratado en dos ministerios, tres ayuntamientos -uno de ellos el de la capital, Madrid- y una comunidad autonómica regida por el PP.

Es sangrante. Al otro lado del teléfono, uno de los funcionarios que ha facilitado los datos sobre el ayuntamiento en el que trabaja, andaluz para más señas, desgrana su lista de agravios: el conductor que ha traído el alcalde gana más que él, que ganó una oposición, lleva más de veinte años en ese ayuntamiento y pertenece a los funcionarios de mayor nivel. Una de las listas que se encuentran sobre la mesa de trabajo está plagada de apellidos que coinciden sospechosamente con los de políticos muy conocidos, y que ocupan cargos de "asesor" que en ciertos casos cobran más que el propio presidente del Gobierno. Hay una empresa de servicios dirigida por alguien que sin duda es hermana de, los apellidos la delatan, y a pesar de que se ha advertido por activa y por pasiva que no se admitirían duplicidad de cargos en el PP ni en el PSOE, existen. Varios diputados y senadores mantienen sus cargos municipales y autonómicos y, además, se rodean de personal de confianza, contratados, con sueldos que superan en muchos casos a los de los ministros.

Seguro que había que meter manos a los funcionarios en una crisis que alcanza del primero al último español, ha provocado el cierre de centenares de miles de empresas y ha dejado sin cobertura a igual número de autonómos, muy desprotegidos socialmente porque pagan una alta cotización a la Seguridad Social y no tienen derecho a paro. Seguro que había que congelar o reducir el cinco por ciento del salario de unos funcionarios que no pueden ser despedidos, mientras otros trabajadores llevan viendo sus sueldos reducidos en un veinte o un cincuenta por ciento desde hace cuatro años sin que esa reducción impidiera el ERE de sus empresas; y seguro que el Gobierno se carga de razón en su ajuste al eliminar una paga extraordinaria; son multitud los empleados de la privada que no tienen acceso a pagas extra, y no digamos los autónomos o pequeños empresarios. Pero, siendo los funcionarios ciudadanos privilegiados porque conservan su puesto de trabajo a pesar de la crisis, aunque se lo han ganado a pulso a través de una oposición, están cargados de razón cuando piden, exigen, que se les meta mano a los contratados, que llegan a la Administración pública por la puerta de atrás, y que en muchos casos no cuentan con más méritos para acceder a un puesto que ser amigos de o familiares de.

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