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Carmen Calleja

Cristina, Gerardo, Gallardón

ESPAÑA no tiene suerte, últimamente, con sus élites. Ni se comportan como tales ni los colectivos a que pertenecen reaccionan adecuadamente cuando uno de los suyos no tiene un comportamiento ejemplar.

La infanta Cristina ha optado por apoyar a su marido antes que servir a la Corona. Es legítimo porque en materia de relaciones matrimoniales cada cual es dueño de diseñar su camino. Pero en tal caso, debería abandonar el rango de infanta. No sólo acompañó a Urdangarín en sus aventuras empresariales, sino que ha tenido la desfachatez de imponer al viejo monarca una visita al hospital con estrépito de noticia. ¿Quería hacer chantaje emocional, ahora que tienen que pagar una abultada fianza? Porque la visita no ha sido a un padre ingresado en un hospital público y en horario tasado. Lo ha sido el Jefe del Estado y de la Casa Real. Esta señora no está sirviendo a la Corona, sino sirviéndose de ella. Debería ser desposeída del título de infanta.

Díaz Ferrán, el ex presidente de la CEOE, está siendo investigado por graves delitos. Está en su derecho de defenderse, pero la cúpula empresarial, respetando la presunción de inocencia, debería decir que, si tales imputaciones son ciertas, se trata de un comportamiento nada ejemplar y que no debe servir de guía para tantos miles de empresarios que se miran en los grandes. Pero no hay colectivo que se aparte con claridad de las actividades indeseables de uno de los suyos. ¿Alguien puede creer que la Comisión del Madrid Arena está actuando sin corporativismo? O la comisión de los ERE, ¿quién cree que ha sido cosa unilateral de Javier Guerrero durante diez años?

Gallardón ha indultado a unos torturadores y se ha amparado en la legalidad. El indulto es una institución del Antiguo Régimen cuando el monarca era la fuente última de los tres poderes del Estado. Hoy es una obsolescencia. Su pervivencia sólo se justificaría para, de acuerdo con el Tribunal sentenciador, evitar que la aplicación de la ley se haga en contra de la equidad. Pero lo peor, casi, es que Gallardón defienda que no debe ser motivada. Hasta el legislador, donde reside la soberanía, motiva sus actos: las exposiciones de motivos de las leyes. Pero esta derecha tiene poca sustancia democrática y enseguida le aflora su ADN autocrático. Cayetano Martínez de Irujo revelaba en una gran entrevista de Jordi Évole que echaba de menos no poder resolver sus litigios con la espada. Gallardón parece echar de menos el poder omnímodo del monarca absoluto. Tampoco en este caso, ninguno de los buenos juristas que tiene el PP ha corregido esta insuficiencia democrática del ministro.

¡Qué mala suerte está teniendo España con sus élites!

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