EL Boletín Oficial de las Cortes Valencianas ha hecho público, desde ayer, el patrimonio de todos los parlamentarios autonómicos. Gracias su web se conocen los bienes del presidente valenciano, Francisco Camps, un político que estaba bien colocado para la sucesión de Rajoy hasta que se le cruzaron los cables (mejor dicho, los trajes).

Camps sólo tiene un piso de un valor catastral de 110.000 euros, un coche con quince años y dos cuentas corrientes que no alcanzan los 2.300 euros de saldo. No me extraña que se dejara regalar trajes y otros presentes por El Bigotes y compañía, porque con esas propiedades no se puede permitir ningún lujo. Aparentemente, sus ingresos como presidente de la Generalitat darían para hacerse con un patrimonio más sustancioso, pero, bueno, tampoco hay por qué sospechar nada raro: habrá gastado su dinero en lo que le ha dado la gana.

A Manuel Chaves le pasó algo parecido. Después de muchos años de cargo público, como ministro y como presidente prolongado de la Junta de Andalucía, informó oficialmente de un patrimonio escaso, y se lo echaron en cara, sugiriendo que o era un manirroto que no había ahorrado nada o estaba ocultando algo. Supongo que los que criticaron a Chaves por ello repetirán sus críticas a Camps por lo mismo, salvo que piensen que a un socialista no le está permitido lo que a un popular sí.

Pocas cosas despiertan tanto morbo y generan tanta demagogia como los sueldos de los políticos. Entre que unos confiesan que están en la política para forrarse y otros que actúan como si eso fuera verdad, la política está desprestigiada, sobre todo porque la gente piensa que los políticos se preocupan más de alcanzar el poder que de resolver sus problemas. Mi posición escandaliza a algunos: creo que en general están mal pagados, que la política es una actividad que desgasta mucho, exige gran dedicación y es origen de grandes frustraciones (otra cosa son las prebendas que se adjudican y, ya fuera de la ley, los chanchullos que la política les facilita).

El problema es más bien la selección y el reclutamiento de los cargos públicos. No acuden a ella preferentemente los mejores profesionales ni los partidos eligen a los más cualificados, sino que se da prioridad a -y llegan más lejos- los sumisos a las cúpulas y aparatos de los partidos, valgan o no valgan. La política democrática debería permitir vivir bien a los que se dedican temporalmente a ella, al menos como vivirían si trabajaran en el sector privado en lo suyo (hay quien no puede decir de ninguna ocupación que sea "lo suyo"). Políticos más valiosos, y mejor retribuidos.