Rogelio Velasco

Déficit y promesas electorales

España necesita un Gobierno que ofrezca estabilidad y confianza, que acometa profundas reformas que permitan generar empleo estable, y que pague y refinancie la elevada deuda externa.

EL dato publicado esta semana sobre el déficit público en 2015, que ha alcanzado el 5,16%, resulta alarmante. El objetivo pactado con Bruselas era del 4,2%, habiéndose desviado, en consecuencia, el 1% del PIB, unos 10.000 millones de euros. Es cierto que algunas partidas -tratamiento de la hepatitis C, reclasificación de algunos contratos del Estado- no son recurrentes y, por tanto, no se computarán este año. Descontando esas partidas, el déficit habría acabado en el 4,8% del PIB. Pero pueden aparecer este año otras no previstas.

Ese déficit agregado esconde un comportamiento desigual de las distintas administraciones. La Administración central y la local han cumplido con el objetivo de déficit previsto. Han sido la Seguridad Social y las comunidades autónomas las que no lo han hecho.

La primera tenía previsto un déficit del 0,6% del PIB, acabando el año con el 1,26%. Esta desviación de más del 0,6% se debe, fundamentalmente, al aumento del gasto en pensiones del 3%, compuesto por un incremento del 1% en el número de pensionistas y de un 2% de la pensión media recibida. Este incremento del déficit de la Seguridad Social se ha producido incluso después de que se haya reducido el gasto en prestaciones por desempleo en un 16% durante 2015. De hecho, la partida de la Seguridad Social, es la única que ha aumentado su déficit respecto de 2014.

La Administración central acabó con un déficit del 2,68%, por debajo del objetivo fijado del 2,90%. No se había fijado un objetivo específico para las corporaciones locales. Han acabado el año con un superávit del 0,44%, frente al 0,57% del año 2014. Es decir, aun mostrando superávit en sus cuentas, éste ha sido menor que en el anterior ejercicio, fundamentalmente por la contratación de personal.

Las comunidades autónomas tenían fijado un objetivo de déficit del 0,70%, acabando el año con una cifra del 1,66%. En esta partida, hay que destacar la notable divergencia en el comportamiento de unas comunidades y otras. Sólo tres comunidades cumplieron con el objetivo del 0,7%. Andalucía acabó con un déficit del 1,13%, prácticamente igual al 1,16% del año 2014. Entre las restantes incumplidoras, hay que destacar que las desviaciones de Cataluña y Valencia representan el 50% de la desviación total. En el primer caso, el déficit ascendió al 2,72% y en el segundo al 2,51%.

Lo grave del caso de Cataluña es que el déficit, de hecho, ha aumentado respecto del de 2014. El presidente de la Generalitat se ha apresurado a afirmar públicamente que Cataluña sufre una aspiración de recursos del resto de España, que después se centrifugan y que nada va a impedir la consecución de los objetivos políticos de su agenda.

Desde que el Gobierno central estableció el mecanismo del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que facilita financiación a las comunidades ante el cierre del mercado de capitales, se está produciendo por la vía de los hechos una mutualización de la deuda autonómica. Lo inquietante en el caso de Cataluña es que existe la percepción de que la deuda que están contrayendo por esta vía no la van a pagar nunca.

Este panorama, más pesimista que el previsto, exige reflexión, altura de miras y sentido de Estado por parte de todos los partidos políticos y de los responsables al frente del Gobierno central y de las comunidades. Mucho más en las actuales circunstancias, con un Gobierno en funciones.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Creo que es injusto, en lo que se refiere al gasto de las autonomías, hablar de despilfarro como en muchas ocasiones aparece en la prensa. Prestan algunos servicios públicos fundamentales. Pero los gobiernos autonómicos deberían hacer más, mucho más, para disciplinar el gasto. Existen muchas partidas que debieran reducirse, porque aumentan las cargas de estructura sin que aporten nada al bienestar de los ciudadanos o al crecimiento económico. La copia mimética de estructuras de Estado ha dado lugar a la actual inercia en el gasto corriente.

Por su parte, el actual Gobierno central no debería haber reducido los impuestos directos en dos ocasiones en la actual legislatura. Una parte del déficit se debe a estas medidas. Tampoco haber permitido el incremento del gasto autonómico en el 1,8%. Este margen también ha contribuido al incumplimiento de los objetivos de déficit.

Mirando hacia adelante, en la previsible campaña electoral, los partidos tendrán que modificar sus promesas aunque éstas sean impopulares. Es urgente la modificación del sistema de pensiones. El actual sistema es, simplemente, insostenible y seguirá presentando déficit. Necesitamos cuanto antes un Gobierno que ofrezca estabilidad y confianza las empresas y a las familias, porque si no lo conseguimos la economía empezará a ralentizarse rápidamente. De hecho, el Banco de España advirtió ayer de la desaceleración que ya se ha producido en el primer trimestre del año. Para el resto del año, tanto el crecimiento como la creación de empleo serán menores que los previstos. El ligero aumento del precio del petróleo, la previsible apreciación del euro respecto del dólar y una revisión a la baja del crecimiento mundial ofrecen un panorama menos optimista que en 2015. En consecuencia, enfrentaremos graves dificultades para reducir el déficit y avanzar hacia un escenario de menor vulnerabilidad.

En 2015 acabamos con una deuda externa de 1,85 billones de euros, equivalentes al 170% del PIB. Esa deuda hay que pagarla y refinanciarla. Sin estabilidad y sin un programa económico de gobierno que sea creíble y transmita confianza, el Gobierno central encontrará dificultades crecientes en colocar deuda y en seguir ofreciendo financiación gratuita a las comunidades. España necesita de profundas reformas para que pueda generarse empleo estable y de calidad. Y muchas de esas reformas no dependen del gasto, sino de su uso más eficiente, de cambios en estructuras políticas que ya no funcionan, de la desaparición de instituciones que ya no juegan papel alguno y de transmitir a los ciudadanos confianza, transparencia y honestidad.

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