Editorial

Delitos, no fallos

EL jurado popular encargado del caso de las facturas falsas del Distrito Macarena, por unanimidad de todos sus miembros ha declarado culpables de un delito de malversación y de otro de falsedad documental al ex secretario del distrito, José Marín, y al contratista y ex socio de Juan Guerra, José Pardo, al considerar que ambos se beneficiaron de obras que nunca se ejecutaron. El jurado estima que José Marín permitió de forma consciente que José Pardo se beneficiara de cobrar indebidamente obras nunca realizadas al alterar varios cheques y añadir de su puño y letra el nombre de este último a fin de eludir los controles administrativos. En cuanto a José Pardo, también se le declara culpable por beneficiarse del cobro de trabajos inexistentes con documentos a nombre de una empresa -Contratas y Obras de Sevilla (Cos)- a sabiendas de que carecía de actividad. Será ahora el juez el que, conforme a este veredicto de culpabilidad, imponga las penas a los condenados. En la víspera de la decisión del jurado, Monteseirín declaró un tanto imprudentemente que el caso de las facturas falsas se había desinflado y que la vista judicial había probado que se reducía a una cadena de errores y de fallos administrativos, con lo que dejaba implícito el mensaje de que no hubo comisión de delitos. El jurado ha dicho justamente lo contrario que el alcalde al dictaminar que se produjo malversación de fondos públicos y falsedad documental y al mostrarse contrario a la concesión de un posible indulto a quienes han sido declarados culpables. Durante el juicio no se ha abordado la existencia de una presunta trama de corrupción para una supuesta financiación ilegal de carácter político, como en su día apuntaron quienes destaparon el caso, y de los 28 expedientes de obras, la Fiscalía acabó basando su acusación en dos no ejecutadas y en cuatro parcialmente realizadas. A pesar de que se fueron reduciendo tanto el número de obras como de acusados, el juicio ha servido para conocer, según el testimonio de una funcionaria, que Intervención ordenó que debía dar curso a las facturas pese a no estar acordes con el procedimiento, y que en el plazo de sólo unos días se despachaban centenares de recibos, con lo que se creaban las condiciones para el descontrol administrativo: el caldo de cultivo propicio para que se colaran las facturas falsas.

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