Las dos orillas

José Joaquín León

El Estado sin Derecho

AUNQUE en España existiera la cadena perpetua, es altamente improbable que Miguel Carcaño, el presunto asesino de Marta, fuera condenado a esa pena en un juicio, al menos mientras no aparezca el cadáver. Con los datos que hay ahora no le caerán ni 30 años. Pese a lo que dicen algunos, el hallazgo del cuerpo de la chica es fundamental. Hay precedentes de asesinos que han sido condenados pese a no aparecer sus víctimas, como los hay en sentido contrario, pero las circunstancias en que se produjo la muerte, el posible ensañamiento o no, requieren un informe forense concluyente. Y ahora no lo hay.

Sería admisible y hasta normal que en España se apruebe la cadena perpetua, como en otros países europeos. Pues ya que en algún momento habrá que reformar la Constitución, se puede incluir también, para casos de asesinatos por terrorismo y otros crímenes. Considero que sería más útil contra los terroristas, porque actúan por fines más o menos políticos, y se lo pensarían mejor si saben que se van a pasar el resto de sus días en la cárcel. La cadena perpetua para los terroristas posiblemente nos ahorraría víctimas. En los casos de crímenes como el de Marta, serviría para el castigo, pero no para evitarlo, pues las motivaciones de esos casos se basan en ofuscaciones pasionales, a veces repentinas, en las que el agresor no se para a pensar si lo condenarán a 10 años o a toda su vida en la cárcel.

Con todos los respetos y comprensión por Antonio del Castillo, el padre de Marta, es normal que el presidente Zapatero no se comprometa a modificar las leyes bajo un clima de indignación, motivado por el profundo dolor. En España han ocurrido otros crímenes abominables sin que se establezca la cadena perpetua. Recordemos el caso de las niñas de Alcásser, que fueron asesinadas tras ser violadas. El principal culpable, Antonio Anglés, consiguió huir, en extrañas circunstancias, y se encuentra en paradero desconocido, supuestamente muerto. Otro criminal de reconocido prestigio, José Rabadán, el asesino de la catana, está ya en libertad, con todas las bendiciones y oficialmente reinsertado, después de haber matado en 2001 a su padre, a su madre y a una hermana disminuida psíquica.

No basta con cambiar leyes. El Estado de Derecho debe ser justo y proporcionado. Así se evitará la peligrosa tendencia de que algunos busquen el ojo por ojo, como en el intento de linchamiento al asesino de Marta, o el joven vasco que ha destrozado la herriko taberna de Lazkao, en venganza por los daños que originó un artefacto explosivo de ETA en su casa. En estos tiempos de cacerías, si no hay una Justicia justa corremos el riesgo de caer en un Estado sin Derecho. O sea, cargarnos la esencia de la democracia.

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