La tribuna

Francisco Ferraro

¿Diálogo social o Pacto de Estado?

EL fracaso del diálogo social entre sindicatos, patronal y Gobierno ha sido la noticia de mayor calado con la que se ha cerrado el curso político. Medios de comunicación, políticos y analistas han lamentado el fracaso y han atribuido su responsabilidad a algunas de las partes, normalmente más en función de su ideología que de los propios hechos. En el limitado espacio de este artículo quisiese hacer algunas reflexiones sobre las razones del diálogo social y la oportunidad de acuerdos político-económicos.

En primer lugar llama la atención que, tras casi un año desde que se acordó la hoja de ruta del diálogo social, y cuando la profundidad de la crisis ha puesto al descubierto las limitaciones de la economía española, el acuerdo que se pretendía firmar se limitase a ampliar la percepción del seguro de desempleo y reducir las cuotas empresariales a la Seguridad Social. Al final descubrimos que plantear la reforma del mercado de trabajo significaba franquear las líneas rojas de la negociación establecida por sindicatos y Gobierno -¿no es éste el objetivo central del diálogo social?-, por lo que no se comprende que la CEOE haya estado dispuesta a negociar cuando la reforma del mercado de trabajo, que vienen reclamando la inmensa mayoría de los economistas de este país y las instituciones económicas (FMI, OCDE, Comisión Europea, Banco de España), quedaba aparcada. Por lo que su incorporación a la mesa de debate por la CEOE en el tramo final de la negociación precipitaba un final como el conocido.

Todos los agentes políticos y sociales han lamentado el fracaso del diálogo social, pero la resultante no es tan negativa para los sindicatos, ya que se mantiene el actual marco de relaciones laborales y pueden apuntarse el alargamiento del subsidio para los parados que hayan agotado el desempleo. No es el caso de la patronal, que no se beneficiará de la rebaja prácticamente aprobada de las cotizaciones sociales y algunas prebendas que podrían estar vinculadas al acuerdo, además de mantener la rigidez y dualidad en el mercado de trabajo. En cuanto a los partidos políticos, el PP ha encontrado en el fracaso del diálogo social y en la actitud de Rodríguez Zapatero hacia el presidente de la CEOE un argumento adicional en su estrategia de desgaste. Por su parte, el PSOE, si bien no ha cerrado antes del verano un acuerdo que le hubiese permitido mejorar su imagen de soledad, al cargar la responsabilidad de la ruptura del diálogo en la patronal se fortalece ante su electorado de izquierdas levantando el espantajo del despido libre y el riesgo de las pensiones, y probablemente consiga el apoyo parlamentario suficiente para la aprobación de los presupuestos de 2010.

¿Debe retomarse el diálogo social después de las vacaciones tal como reclama la patronal y muchos analistas? Por supuesto que un acuerdo de concertación es oportuno y necesario en España, pero con mucha más ambición. La salida, no ya de la crisis coyuntural, sino de la crisis estructural derivada de la inviabilidad del modelo de crecimiento hace imprescindible un gran pacto de Estado, porque las medidas a adoptar tienen un coste político insoportable por el Gobierno y el partido que lo sustenta. Previo al acuerdo es necesario un diagnóstico ajustado a la realidad y un proyecto de reformas económicas e institucionales coherentes con el diagnóstico. Pero el deseable acuerdo es de una enorme envergadura para que sea abordado en una mesa en la que las otras partes de la negociación (sindicatos y patronal) sólo representan a una pequeña parte de la sociedad. Por ello, un acuerdo político-económico de tal trascendencia exige que los interlocutores básicos sean los partidos políticos que representan a la mayoría de los españoles, si bien a éstos sería conveniente que se les uniesen la patronal y sindicatos, y también los gobiernos de las CCAA, que son los principales ejecutores del gasto público.

En tal acuerdo, como sucedió en 1977 con los Pactos de la Moncloa, se deberían de acordar medidas de largo alcance que reformase algunos de los aspectos en los que existe un elevado acuerdo (mercado de trabajo, pensiones, energía, educación, justicia, administraciones públicas, competencia en los servicios,…), ajustes a corto plazo que permitan restablecer los equilibrios macroeconómicos fundamentales (presupuestario y exterior) y un pacto de rentas que permita restablecer la competitividad internacional y reajustar las rentas relativas de los diferentes sectores de la economía a la nueva realidad.

Si esto no es posible es porque los líderes políticos son incapaces o porque el sistema político institucional no lo favorece. A pesar de sus limitaciones no creo que el problema sea de carácter personal, sino de un sistema político-institucional que incentiva el desgaste del contrario y las políticas a corto plazo frente a la necesaria política estratégica de Estado. Pero este país no se puede permitir que el juego político o intereses parciales arruinen su futuro.

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