POR fin Bruselas aprobó el plan de rescate de las cajas españolas. Han sido 41.000 millones de euros: 37.000 destinados al saneamiento de las entidades del Grupo 1 (BFA-Bankia, Novacaixagalicia, Catalunya Banc y Banco de Valencia), 1.500 millones para el Grupo 2 (BMN, Caja Tres, Ceiss) y 2.500 millones para el Sareb, el banco malo. Con la aprobación del plan de rescate y el nacimiento del banco malo, la reforma financiera exigida por el Memorándum de Entendimiento dictado por Bruselas ha dado su primer paso, quedando pendiente el estricto cumplimiento del resto de los requisitos exigibles tanto a las cajas nacionalizadas (Grupo 1), como a las ayudadas (Grupo 2).

A las cajas del Grupo 1 se les exige: replegar su actuación a los territorios de origen (excepto Bankia); reducir su balance en aproximadamente un 60%; abandonar los negocios mayoristas; reducir el ratio de créditos-depósitos actual (154%) hasta que los depósitos y créditos se igualen; reducir la dependencia del BCE y de los mercados exteriores; vender las participaciones industriales y las filiales; restringir la remuneración de los directivos; no realizar nuevas adquisiciones y, lo más importante, abandonar la financiación de la promoción inmobiliaria.

De todas estas limitaciones, la más grave es la prohibición de financiar directamente a los promotores inmobiliarios, canal fundamental a través del cual las cajas han captado a sus clientes, mediante la división de la hipoteca al promotor y posterior subrogación en ella de las familias. La subrogación es el caballo de Troya a través del cual las cajas han captado y fidelizado a sus clientes, vendiéndoles su amplia gama de productos: seguros de vida, cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, fondos de pensiones y de inversión, etc.

Esta limitación, unida a todas las anteriores, implica un cambio drástico en su modelo de negocio. La pregunta que cabe hacerse es si las cajas supervivientes, tras la reforma financiera, podrán sobrevivir con todas estas restricciones. Mi opinión es que no, que se les ha condenado a desaparecer.

El repliegue a sus territorios de origen, la reducción de su volumen de negocio en cerca del 60% y sobre todo la prohibición de financiación inmobiliaria, en un escenario de recesión y estancamiento, con caída de la rentabilidad y aumento de la morosidad, determinarán que Bankia (el resto de las entidades del Grupo 1 se acabarán subastando) esté amenazada de muerte. Para el resto de las cajas del Grupo 2, habrá que esperar hasta el día 20 de diciembre para conocer las restricciones que se les imponen, que esperemos que no sean tan estrictas, ya que de lo contrario, el sector de cajas de ahorros quedaría reducido a medio plazo a tan solo cuatro entidades: Caixabank, Kutxabank, Unicaja e Ibercaja.

Pero quizás la exigencia más sorprendente e injustificable del Memorándum de Entendimiento es la exigencia de que las cajas se conviertan en fundaciones benéficas obligadas a renunciar a su mayoría en los bancos matrices que se les obligó a crear, vendiendo acciones en el mercado hasta perder la mayoría de control. Como ha afirmado el jurista Gaspar Ariño en Expansión, obligar a las cajas de ahorro, entidades fundacionales de naturaleza privada, a vender su mayoría accionarial, bajo la amenaza de expropiación en el caso de incumplimiento, podría atentar contra los derechos constitucionales, salvo que pudiera apoyarse en motivos de interés general y nacional, de difícil justificación, como más adelante vamos a señalar.

A Bruselas nunca le han gustado las cajas y no es el único intento de hacerlas desaparecer. Tras su extinción en Italia y otros países europeos el último baluarte de las cajas es España y Alemania. En España, a las cajas se les ha obligado a caminar hacía su desaparición, por una senda irreversible. Angela Merkel protege a sus cajas de ahorro fuertemente ligada a los Länder, que tienen graves dificultades, con sus balances impregnados de activos tóxicos. Situación que intenta ocultar oponiéndose al control del futuro Supervisor Bancario Europeo.

La gran recesión ha sido una gran oportunidad para facilitar el oscuro deseo de Bruselas y los lobbys bancarios europeos de hacer desaparecer el último reducto de las cajas de ahorros en Europa. Es cierto que la mala gestión de algunas de estas entidades les hace merecedoras de la pena de muerte, pero no todas son culpables, algunas de ellas lo han hecho bien: La Caixa, Kutxabank, Unicaja, Ibercaja y las dos minúsculas Pollença y Ontinyent. ¿Por qué se castiga a todas? No tiene explicación legítima.

Se está metiendo en el mismo saco, y culpabilizando en la misma medida, a gestores e instituciones. Es legítimo y justo penalizar a los malos gestores (cosa que no se ha hecho), pero no a las cajas, instituciones que durante 200 años han contribuido al desarrollo social de las regiones más pobres, han combatido la exclusión financiera de los más débiles, han suplido las carencias de bienestar social cuando el Estado no las ha podido cubrir y han introducido competencia en un sistema financiero oligopolistico dominado por los grande bancos.

No hay ningún hecho relevante que permita afirmar que estas instituciones no puedan continuar aportando beneficios a la sociedad si están en manos de buenos gestores, como lo han demostrado Caixabank, Kutxabank o Unicaja. Tampoco hay ninguna razón y ley económica que determine que la única forma de creación de empleo, riqueza y bienestar sea la de las sociedades anónimas. La diversidad, tanto en la naturaleza como en las finanzas, es una fuente de satisfacción de las heterogéneas necesidades de los ciudadanos, así como de la creación de riqueza, empleo y fomento de la competencia.

En el año 2007, las cajas de ahorros llegaron a alcanzar una cuota del mercado del 50% tanto en créditos como en depósitos. La segura desaparición del 30% del sector tendrá un efecto negativo sobre la financiación de las familias y las pequeñas empresas, y la drástica reducción de su obra social repercutirá sobre el bienestar de los ciudadanos, en un momento en el que familias y empresa padecen asfixia financiera y el Estado de bienestar de derrumba.

Su desaparición total a medio plazo, sería una perdida inestimable para la sociedad española, que todavía no es consciente, contaminada por una avalancha de información interesada, de lo que puede perder si estas instituciones desaparecen. Penalicemos a los gestores responsables, pero salvemos a unas instituciones, que con gestores profesionales y honestos, vaciados sus consejos de políticos y sometidas a un eficiente control y disciplina del Supervisor Público, pueden seguir contribuyendo en los próximos 200 años al bienestar de los más débiles. Hace dos años escribí un artículo en Expansión titulado Réquiem por las Cajas de Ahorros, al final del cual afirmaba: "A los ciudadanos nos quedará el recuerdo de unas instituciones cercanas, que lucharon por eliminar la exclusión financiera de los más débiles con oficinas repartidas por toda la geografía española, que introdujeron competencia en el sector y calidad en el servicio y que devolvieron a la sociedad el dividendo de su obra social".