TRAS conocerse los datos del último informe estadístico del Ministerio de Educación, indicando que el gasto por alumno no universitario escolarizado en centros públicos de Andalucía es el más bajo de España, se han producido las previsibles reacciones políticas. IULV-CA, a través de su portavoz en materia de Educación, ha manifestado que estos datos "demuestran lo que IU ha exigido siempre en su programa electoral, aumentar el gasto por alumno a un mínimo de 7.000 euros al año o a un siete por ciento del PIB, porque en la actualidad está a un 4,5 por ciento aproximadamente… No se puede conseguir un buen sistema educativo sin invertir lo suficiente, y ahí está uno de los grandes errores, quizás el mayor error, de la puesta en marcha apresurada del Plan de Calidad de Centros y de los Programas de Incentivación al Profesorado". El PP andaluz, a través de su secretario general, ha denunciado -sin olvidarse de recordar que los datos "no son del Partido Popular sino del propio Gobierno de la nación"- que la situación andaluza debería provocar "sonrojo y vergüenza" a Manuel Chaves, a quien ha preguntado si la baja inversión por alumno tiene que ver con que Andalucía esté a la cabeza del fracaso escolar en España y con el abandono prematuro de las aulas, el absentismo escolar, las aulas prefabricadas y el alto número de alumnos repetidores. El PSOE se ha defendido aduciendo, a través de la consejera de Educación, que "hay diferentes maneras de computar el esfuerzo en el ámbito de la Educación" y que "el Gobierno andaluz es el tercero que más invierte de su PIB".

Supongo que, siguiendo la actual moda, los datos objetivos serán retorcidos hasta hacerles decir lo que cada cual quiera que digan y la realidad será vista a través del color partidista con que se mire. Personalmente tiendo a creer que la Educación, como la Sanidad, debería ser competencia del Estado y no de los gobiernos autonómicos. Hace ya una década que un informe del Consejo Escolar del Estado sobre el curso 1998/1999 decía: "El Ministerio debe afrontar urgentemente la elaboración y dotación económica de un 'Plan Estatal de Compensación de las Desigualdades Territoriales', a fin de corregir las profundas e históricas diferencias que en el acceso al derecho a la educación presentan los ciudadanos de las diferentes Comunidades Autónomas". Diez años después el País Vasco dobla el gasto andaluz por alumno no universitario escolarizado en centros públicos (8.852 euros frente a 4.211).

¿No sería el momento de reconocer el fracaso y pensar en el Estado como garante de la igualdad entre los españoles?