NO existe nada que incordie más a los políticos, sobre todo si son alcaldes, que los buenos periodistas. La extraña posibilidad de que un gacetillero piense por cuenta propia y trabaje con noble dedicación, y hasta entusiasmo, en analizar su gestión pública les aterra si no pueden llegar a controlar los resultados. Cosa llamativa. En general no les suele ocurrir. Hablamos de una circunstancia remota, excepcional y coyuntural. Entre las distintas especies que forman parte de la tribu periodística existen pelajes diversos. Hay de todo. Los malévolos resumen la dispar situación recurriendo a un cuento cruel, un relato casi cínico. Una suerte de metáfora.

- "¿Qué es un periodista?".

-"Un periodista es alguien que con una pala en mano cava con ahínco y sin descanso para intentar desenterrar y sacar a la luz toda la verdad".

-¿Seguro?

-"Bueno, un periodista también puede ser aquel que con otra pala se dedica a cubrir el agujero abierto por el primer periodista; y, si es posible, mientras él todavía está dentro".

Dos formas de entender una profesión donde no siempre es verdad el viejo dicho: "Perro no come carne de perro". Tras los periodistas, que vamos camino de ser una especie en extinción, por eso quizás cada día nos lanzamos más dentelladas entre nosotros, probablemente sean los ciudadanos con verdadera vocación reivindicativa los que, en segundo término, más molesten en los ámbitos del poder local. Este colectivo, diverso y dispar, no siempre muy bien estructurado, está formado por aquellos que creen como si fuera una cuestión de fe en la letra y el espíritu de las leyes. Gente rara. Capaz de interpretar la legislación, dispuesta a perder el tiempo y el dinero en batallas tan estériles e inútiles como tratar de ejercer sus derechos civiles y perseguir el imposible de formarse un criterio propio ante los asuntos públicos. Heroicos guerrilleros cívicos, cada día más escasos.

En Sevilla hay algunos de ellos, aunque no suelen salir en los papeles ni van a los cócteles tardíos de los consulados. También son de dos raleas distintas. Unos directamente son outsiders: lobos esteparios en guerra permanente contra el mundo. Por lo general suelen tener razón en sus planteamientos. Justamente por eso casi siempre pierden todas sus batallas contra la administración, que les vence el pulso con la infalible táctica del agotamiento mental. Están solos. Otros, precisamente para combatir el frecuente extravío por los meandros burocráticos, se asocian en plataformas cuyo objetivo rara vez consiste en postular una ideología o defender un mensaje político. La política, no sé si lo saben, en realidad ya no existe. Ha sido sustituida por el teatro de ocasión y el parlamentarismo de argumentario.

Las metas de estos quijotes cívicos son sencillas. Muy concretas. Consisten en pedir un parque, reclamar una carretera; acaso pelear para que les construyan un nuevo colegio en su barrio. Utopías (casi) de andar por casa. Cosas de las que con frecuencia alguna gente se burla, y que en el fondo se tiende a relativizar desde la falsa seguridad del poder, pero por las que merece la pena perder el tiempo. En la vida, como nos enseña la mitología creada por las novelas y el cine negro, la dignidad nunca radicó en las victorias, sino en el espíritu de lucha. El heroísmo no consiste en ganar, sino en tratar de seguir un determinado sendero sabiendo que al final sólo está la derrota. O, como sucede en otros países, la muerte.

Estos ciudadanos activos, igual que los periodistas cuando hacemos bien nuestro trabajo -cuando no dependemos de los favores, que tanto suelen condicionar-, acostumbran a tropezar a la hora de pelear por sus reivindicaciones con la misma piedra: la opacidad de la administración, a la que, a pesar de sus buenas palabras, no le gusta compartir la información de sus actos y decisiones.

Una de las ventajas de la democracia formal bajo cuyo cobijo intentamos sobrevivir consiste en la obligación de fijar por escrito la mayor parte de la actividad pública. Pero este factor no implica necesariamente que todo lo que se trata en los foros del poder se sepa la calle. Más bien al contrario. El muro de silencio de la administración continúa siendo espeso y sigue sin caer. Tras varias décadas de democracia aparente, en España no existe todavía una ley que haya resuelto esta grave carencia. Ni siquiera nuestra incorporación a Europa, donde estas cuestiones se toman algo más en serio, ha resuelto la cuestión. La administración se permite ser en demasiados asuntos juez y parte al mismo tiempo. Ejerce un poder discrecional. Omnipotente. Pelear a cuerpo contra ella cuesta mucho tiempo y dinero. Consume energías.

En Sevilla existen multitud de ejemplos. Casos en los que el poder municipal dilata, esconde, dificulta e impide el acceso real de cualquier administrado a la documentación relativa a las decisiones del Ayuntamiento. Basta consultar la memoria anual de la Oficina del Defensor del Ciudadano para ilustrarse sobre las nada edificantes prácticas que aplican algunos departamentos del Ayuntamiento ante las reclamaciones de muchos sevillanos. Silencio. A veces incluso desprecio.

Estamos ante una enorme contradicción. La maquinaria municipal funciona gracias a los impuestos. Los contribuyentes son quienes financian el circo, pero no tienen derecho ni siquiera a ver toda la función: consultar en tiempo y forma los expedientes cuya elaboración se sufraga con su dinero. Algo impropio de una democracia seria.

Ante este asunto no hay diferencias políticas. El corralito de la información municipal benefició durante los noventa al PP, cuando gobernaba con el PA; y a lo largo de la última década ha sido una constante de la coalición que forman PSOE e IU. Cualquier ciudadano que quiera conocer los informes de un expediente municipal tiene que mendigarlos a los grupos políticos del Ayuntamiento. Mientras menos de ellos existan -ahora tan sólo hay tres- menos posibilidades tiene cualquier sevillano de recibir información exacta, veraz y concreta de la gestión municipal. Todos los partidos -PSOE, IU y PP- utilizan los documentos municipales como mercancía política, administrándolos a su capricho y en función de sus intereses. Unos esconden los ficheros en los armarios. Otros cuelgan la información -a veces de forma parcial- en Facebook. De ambas conductas hay que desconfiar: los documentos, dado que son oficiales, deberían estar a disposición de cualquier ciudadano. Son patrimonio público.

la nueva ley

Zapatero prometió en 2004 que resolvería esta situación con una nueva ley. Lleva seis años dilatando la decisión. Hace unas semanas, en pleno verano, el Gobierno filtró a la prensa de Madrid un anteproyecto que en teoría vendría a cumplir tal compromiso. ¿Seguro? El corpus legal existente en estos momentos -una ley de 1992 y un decreto de 1995- son demasiado básicos y, según plataformas ciudadanas como la Coalición Pro Acceso a la Información Pública en España [www.access-info.org], totalmente insuficientes para que las instituciones españolas se adapten al mínimo común europeo. La normativa de Zapatero, todavía muy verde, simplemente viene a acotar los tiempos que tiene la administración para contestar a los ciudadanos que reclamen datos públicos -hasta 60 días; la media europea está en 14- y establece que sea la Agencia Oficial de Protección de Datos quien ahora resuelva los posibles conflictos. Un parche en una cuestión esencial: las resoluciones de este organismo público sólo obligan al Estado; no a los ayuntamientos. Queda, vano consuelo, la vía judicial, cara e infinita. Los secretos de Estado seguirán bajo siete llaves. Ciertos pecados inconfesables de los políticos, también.